EL PAÍS 03/10/13
ANTONI ZABALZA
El único motivo razonable del plan secesionista sería el convencimiento de los catalanes de no pertenecer a la sociedad española; si es así, sería bueno saber en qué se diferenciaría una constitución catalana de la actual
El reciente debate de política general de Cataluña ha permitido al president Mas enunciar de forma precisa los elementos esenciales del proceso soberanista: su apuesta por la democracia como fuerza motriz para persuadir al Gobierno central de la conveniencia de un referéndum sobre la independencia; la confirmación de que este referéndum debe ser legal o por lo menos tolerado por el Gobierno central; y el anuncio de una convocatoria electoral si nada de lo anterior es posible. Uno puede no estar de acuerdo con este plan de acción, pero hay que reconocerle coherencia y realismo.
Quizás mis mayores dudas se refieren al primero de estos puntos. Poner por delante el talante democrático es hábil e inteligente. Ante ideas tan poderosas como democracia y mayoría, ¿quién puede oponerse a que los catalanes debatan abierta y pacíficamente los pros y contras de la independencia y luego expresen con el voto su posición en las urnas? Ante este argumento, la respuesta del Gobierno central, que invalida el objeto mismo del referéndum por ser inconstitucional, suena débil y distante; una respuesta de trámite que no parece haber hecho mella en la convicción del señor Mas de que la solución de este asunto pasa necesariamente por una votación democrática.
Sin embargo, como ocurre con muchas cosas buenas de la vida, para sacar el mejor provecho de ella, la democracia debe estar sometida a limitaciones. La democracia es un método (la regla de la mayoría) para tomar decisiones dentro de una comunidad que comparte valores básicos, previos e independientes de este método. Son estos valores básicos los que determinan si las decisiones adoptadas son buenas o no, los que dan legitimidad a las decisiones de la mayoría. La democracia, dentro de este marco de valores básicos, es el mejor método de decisión y, sin duda, la forma más inteligente de retirar (y dar) poder a los Gobiernos. Pero la regla de la mayoría, por sí misma, no puede garantizar la bondad de las políticas adoptadas.
«Sería erróneo pensar que el apoyo cívico masivo a la independencia está plenamente consolidado»
De ahí que las sociedades civilizadas limiten de forma explícita, a través de normas constitucionales, el ámbito de actuación de sus Gobiernos y Parlamentos, y el uso que los mismos pueden hacer de la regla de la mayoría. Una Constitución es un documento escrito por hombres y mujeres. Por tanto recoge de forma imperfecta este conjunto de valores básicos. Pero el tiempo ha ido destilando principios, presentes en la mayoría de las Constituciones, con los que es difícil no estar de acuerdo; entre otros: el derecho a la privacidad y al secreto; la libertad de expresión, asociación y movimiento; la generalidad, igualdad y certidumbre de las leyes; el derecho a la propiedad, su transferencia por consenso y el cumplimiento de las promesas; la separación de poderes y la limitación de las competencias que pueden ostentar tribunales, cuerpos legislativos y Administraciones. Un conjunto de principios cuyo fin último es proteger la libertad del individuo.
Centrándome en el último de estos principios, es evidente que la convocatoria de un referéndum para la independencia por parte del Gobierno catalán excedería con mucho a sus atribuciones legales. Hacer más de lo que uno debe podría parecer una falta dispensable cuando se hace en nombre de la democracia y al servicio de la búsqueda de la opinión mayoritaria de los catalanes. Sin embargo, la violación del Estado de derecho por parte de una Administración desmorona las bases en las que se asienta la convivencia social, introduce inseguridad jurídica y puede coartar, por tanto, la libertad individual. Entiendo que el señor Mas, que no admite un referéndum ilegal, comparte esta evaluación.
Otro punto con el que estoy de acuerdo es el llamamiento que hizo a evitar imposiciones de la mayoría independentista. Mi duda aquí es la entidad y naturaleza de esta mayoría. El apoyo cívico masivo a la independencia es de reciente formación y sería erróneo considerarlo plenamente consolidado. Es verdad que se sustenta en dos considerables manifestaciones populares, que pueden haber reunido a más de un millón de personas cada una. Pero, con ser importante, estamos hablando de un determinado colectivo en un determinado momento. Un estado de opinión no necesariamente homogéneo y que, por lo que señalan las encuestas, ha dado muestras de inestabilidad ante dos hipotéticas situaciones: la posibilidad de que una Cataluña independiente deba, por lo menos inicialmente, abandonar la pertenencia a la Unión Europea, y la potencial mejora del sistema de financiación autonómica. En estas circunstancias, ¿quién dice que la mayoría de un momento dado pueda determinar de forma irrevocable el destino de millones de catalanes que se sienten libres en el seno de la Constitución española y que desconocen cuál sería su futuro en una Cataluña independiente?
Si el referéndum no puede ser legal, que sea por lo menos tolerado. Esta es la parte del discurso del señor Mas que no he acabado de entender. Es un reconocimiento implícito de la imposibilidad de un referéndum legal, pero a la vez un acto de fe considerable en la capacidad y poder de los políticos para adaptar las normas a sus deseos. La democracia no puede ser utilizada para la obtención de un fin que se oponga frontalmente al Estado de derecho. No todo puede resolverse, aunque haya voluntad política, porque ello equivale a ignorar que la función fundamental del Estado de derecho es proteger al ciudadano, precisamente limitando la acción de Gobiernos, órganos legislativos y políticos. No hay acuerdo político aceptable que pueda suspender el Estado de derecho.
«No hay acuerdo político aceptable que pueda suspender el estado de derecho»
Ello no significa que las Constituciones sean inmutables. La evolución de los valores básicos es, por la propia naturaleza de estos valores, una cuestión necesariamente gradual y de alcance temporal muy largo. Pero la aplicación de estos principios a una realidad social y organización institucional concretas, que es lo que las Constituciones hacen, es naturalmente objeto de reforma y promoción política. Cuestiones como la financiación regional o el perfeccionamiento de la de facto estructura federal del Estado, caben perfectamente en la agenda de reformas si se alcanza el consenso político necesario. En cambio, la incorporación del derecho a la autodeterminación, aparte de introducir de raíz inestabilidad política y social, no cabe en una Constitución moderna. Una Constitución refleja el compromiso de un conjunto de individuos sobre una serie de valores básicos y un proyecto social en común, y reconoce derechos a personas pero no a territorios.
Me es difícil valorar la voluntad de secesión en términos de la falta de confianza que pueda existir entre los catalanes y los demás españoles. Y tampoco comparto que, en un país en el que las leyes tributarias son generales y la política de gasto público del Gobierno central está sometida a la ley y al control de la oposición y del electorado, pueda ocurrir que un territorio acabe sometido económicamente a otro. De ahí que la única justificación del propósito secesionista que veo sea el convencimiento de los catalanes de no pertenecer a la sociedad española; de no compartir los valores básicos en los que se asienta su Estado de derecho. Pero si es así, sería bueno que quienes favorecen la independencia nos dijeran en qué se diferenciaría la Constitución catalana de la española. Si en materia de valores básicos la Constitución catalana va a ser igual que la española, no hay argumento económico que pueda justificar la independencia y los enormes costes de transición que la misma conlleva. Y si el cambio fundamental consiste en otorgar a la mayoría poder de decisión sobre cualquier cuestión, la Cataluña independiente que se está ofreciendo a los catalanes corre peligro de acabar convirtiéndose en una sociedad esencialmente antidemocrática.
Es necesario debatir estas cuestiones tan larga y ampliamente como sea menester. Solo de las conclusiones de este debate, de los resultados de las elecciones que el president Mas anunció y posiblemente tendrá que convocar, de los de otras muchas elecciones que seguirán, y sobre todo de la perspectiva que otorga el paso del tiempo, nos será posible entender si los catalanes, en su gran mayoría, se sienten o no tan alejados y distintos de los demás españoles.