No deben de existir en la historia procesal española muchos casos en que la Fiscalía haya recurrido la citación de un testigo. La anomalía –lo es al menos en términos estadísticos– retrata la deriva de un Ministerio Público convertido por el presidente en una cartera más de su Ejecutivo y últimamente usado como instrumento de defensa privada a su propio servicio. La decisión del juez Peinado tampoco tiene muchos precedentes, pero en los dos conocidos tanto González como Rajoy comparecieron en presencia renunciando a la prerrogativa de declarar por escrito. Y ya se ha encargado la videoteca digital de recordar el momento glorioso en que el actual jefe del Gobierno, cuando lo era de la oposición, reclamó la dimisión de su antecesor en tono imperativo. El problema de Sánchez es que ha dicho y hecho tantas cosas y las contrarias que ha perdido la cuenta de sus autodesmentidos. Y su ventaja, la indulgencia con que sus seguidores premian esa continua refutación de sí mismo.

Son bastantes los juristas que observan en el instructor del ‘Begoñagate’ un modo de proceder poco ortodoxo, por no decir errático, susceptible de acabar provocando que la Audiencia archive el sumario. Sin embargo aún son más los que se asombran de la brutal campaña desencadenada por el sanchismo contra el magistrado. Ni siquiera Marino Barbero, el juez del remoto asunto Filesa, recibió una presión tan directa como la que su colega está soportando, con el ministro de Justicia a la cabeza de una brigada de asalto. La grave acusación de prevaricador sólo se justifica denunciándolo y/o recusándolo, y en caso contrario es simple calumnia o difamación al (dudoso) amparo de la prerrogativa de los dirigentes aforados. Esa «cacería» que proclaman el oficialismo y su entorno mediático se está produciendo en realidad contra la autonomía jurisdiccional de un juez empeñado en hacer mal que bien su trabajo por mucho impacto que tenga en el escalafón superior del Estado.

La reacción desproporcionada de Moncloa, rayana en la histeria, demuestra que Peinado ha pisado un cable de alta tensión con grave peligro de incendio. Sea o no consciente de ello, su investigación plantea la cuestión cenital de la supremacía del Derecho frente a la tentación del poder político de blindarse en un espacio de impunidad y de supuestos privilegios. No existe choque de legitimidades porque la justicia, como el resto de los poderes, también emana del pueblo; lo que hay es un concepto espurio de los límites del ejercicio público, de la responsabilidad de los gobiernos. Begoña Gómez no es la categoría sino el ejemplo, pero un ejemplo que ha desatado en el entorno presidencial una crisis de nervios porque afecta al sentimiento de invulnerabilidad del Líder Supremo, un hombre acostumbrado a que su voluntad prevalezca por encima de las evidencias fácticas, los códigos legales y los compromisos éticos.