EL CORREO 25/11/12
El PNV y el PSE comienzan a dar la espalda a los expertos internacionales implicados en el final del terrorismo.
Salvo EH Bildu, la mayoría de fuerzas cree que solo sirven para «dar un respiro» a la izquierda abertzale.
BILBAO. Cada vez tienen menor peso en la política vasca. Trece meses después del «cese definitivo» de ETA, el papel de los mediadores internacionales parece haber quedado arrinconado. Así lo evidenció la celebración el pasado martes de una reunión en San Sebastián de los firmantes de la Declaración de Aiete. Partidos como el PNV y el PSE dieron, de diferentes formas, ‘bajonazo’ a una cita que había levantado una importante expectación.
Los socialistas ni acudieron al considerar que la visita del exjefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, no aportaba «nada nuevo». Los jeltzales, por su parte, criticaron que se hubiera dado publicidad al encuentro y, además, no impidieron que la reunión con Powell, de la que tenían conocimiento desde hacía semanas, coincidiera con el pleno de constitución del Parlamento vasco, fijado apenas unos días antes. Una casualidad que libró al líder del partido y próximo lehendakari, Iñigo Urkullu, de asistir a la cita donostiarra.
Tres son los colectivos que se han repartido las tareas de mediación: el Grupo Internacional de Contacto (GIC), dirigido por el abogado sudafricano Brian Currin; los impulsores de la Conferencia de Paz de San Sebastián de octubre de 2011, a cuya cabeza figuran el exsecretario general de la ONU Kofi Anann, el exprimer ministro de Irlanda Bertie Ahern y el propio Powell; y la Comisión Internacional de Verificación (CIV), cuyo portavoz es Ram Manikkalingam.
Cada uno de ellos se ha dedicado a diferentes tareas desde 2010, con el objetivo de respaldar el adiós de ETA. Todos tienen como nexo de unión las gestiones de Currin. El letrado sudafricano, que participó en el proceso de paz de Irlanda del Norte, mantiene contactos con la antigua Batasuna desde 2007 y él mismo ha reconocido en público que su presencia activa en Euskadi obedece a la solicitud que le realizaron desde la formación que dirigía Arnaldo Otegi, ahora encarcelado.
Es ese nexo precisamente el que ha motivado los recelos de las formaciones políticas de Euskadi. La izquierda abertzale siempre ha defendido su papel y considera que su implicación en el actual proceso de normalización es «vital» para conseguir una «paz duradera». Creen que en el País Vasco se pueden repetir algunos modelos de mediación internacional que funcionaron en Sudáfrica e Irlanda del Norte.
La formación que dirige Rufi Etxeberria es, sin embargo, la única que sigue manteniendo plena y absoluta confianza en todos esos grupos de expertos extranjeros. Ni el PP, ni el PSE, ni tampoco el PNV, confían en ellos, aunque con diferentes matices. El Partido Popular los rechazó desde el primer minuto por considerar que tanto Currin como el resto de mediadores actúan «de parte», en favor de los intereses de una izquierda abertzale que, según la formación presidida por Antonio Basagoiti, «no ha condenado» el terrorismo y pretende justificar tres décadas de «sangre y horror» con ayuda de exmandatarios internacionales.
«No son imparciales»
El PSE, por su parte, ha atravesado por diferentes fases. Como línea argumental básica, es contrario a la intermediación de colectivos que, a su juicio, no cumplen el requisito de ser «imparciales». Sin embargo, los socialistas enviaron una delegación a la Conferencia de Aiete de octubre de 2011 –cuando ya se barruntaba el comunicado de «cese definitivo» de ETA– y abrieron desde el Gobierno vasco un canal de comunicación con la Comisión de Verificación. «Son bastante más serios que el grupo de Currin. Inspiran confianza», reconocía a este periódico una fuente cercana al Ejecutivo vasco a comienzos de año en alusión al equipo de Manikkalingam.
El PNV ha pasado de ser un activo impulsor de estos grupos –el propio Urkullu intercedió para facilitarles entrevistas con colectivos como el empresariado y la Iglesia vasca– a poner ahora ‘peros’ a su labor. En círculos políticos se asegura que los jeltzales sólo dan credibilidad ya a la Comisión de Verificación.
Según estas fuentes, desde Sabin Etxea habrían transmitido al resto de fuerzas parlamentarias que ven con buenos ojos la «discreción» y el trabajo «callado» que está llevando Manikkalingam, del que apenas trascienden sus constantes viajes al País Vasco. Además, una vez logrado el final de ETA, los verificadores serían los únicos con una labor pendiente: servir de garantía del no retorno de la actividad armada y favorecer la entrega de armas y la disolución de la banda.
Otra cosa son las gestiones de Brian Currin o el papel de los impulsores de la Conferencia de Paz. Aunque los peneuvistas no se negarán nunca a mantener cualquier reunión que estos mediadores soliciten, perciben que su labor sólo favorece, en la actualidad, a los intereses de la antigua Batasuna, convertida a través de EH Bildu en su principal adversario en el Parlamento vasco y dispuesta a amenazar el poder institucional de los jeltzales. Diferentes fuentes señalan que la confianza del PNV en estos dos colectivos se rompió justo antes del verano. El grupo que promovió la Declaración de Aiete trasladó a Sabin Etxea su intención de celebrar a comienzos de julio una reunión «discreta» y «sin medios de comunicación» con los firmantes de aquel documento de paz. La misma cita que se llevó a cabo el pasado martes en San Sebastián, con idéntico objetivo: analizar la situación casi un año después del cese de ETA.
Los nacionalistas se echaron para atrás en el último momento. La cercanía ya de las elecciones autonómicas –por aquellas fechas todos los partidos hablaban abiertamente de un adelanto de los comicios a otoño, como así fue– llevó a los jeltzales a rechazar la convocatoria. Los promotores de Aiete decidieron que, sin el PNV, el encuentro no se podía llevar a cabo. Eusko Alkartasuna acusó entonces a la formación de Urkullu de «poner palos en las ruedas» del proceso de paz.
Gasolina para Batasuna
La situación se ha tornado, por todo ello, complicada para los diferentes grupos de mediadores, o facilitadores como prefieren ellos que se les llame. Excepto en la izquierda abertzale y en los partidos que integran las coaliciones EH Bildu y Amaiur, en el resto de fuerzas ha cundido la creencia de que el GIC, Aiete y la CIV se han convertido en «instrumentos» para «insuflar gasolina», «dar un respiro» a la antigua Batasuna y combatir «las prisas» del movimiento independentista.
Según estas fuentes, los dirigentes encabezados por Rufi Etxeberria necesitan de un respaldo internacional para bregar a diario con las presiones que, sobre todo, les llegan desde el entorno de los presos y de los sectores que consideran que el Gobierno de Rajoy debería haber acabado ya con la dispersión y la ‘doctrina Parot’ y haber abierto un diálogo con ETA para gestionar el desarme y el regreso de los terroristas huidos.
Cuál será el futuro de los mediadores en Euskadi es una cuestión llena de interrogantes. La respuesta a algunas de ellas quizás se esclarezca en enero. Es entonces cuando la Comisión de Verificación al completo tiene previsto regresar a Bilbao para reunirse oficialmente con partidos y agentes sociales. Cómo se comporten las fuerzas vascas indicará si mantienen crédito suficiente o no. Toca esperar.
EL CORREO 25/11/12