Si se confirman los indicios verosímiles de que hubo muertos en territorio español durante el asalto a la valla de Melilla, el ministro Marlaska no debería caer por la actuación de las fuerzas del orden sino por encubrir los hechos con subterfugios y mentiras. Eso es al menos lo que ocurriría en un país con un cierto aprecio por las convenciones morales de la política. Un Estado tiene derecho a defenderse ante una oleada invasiva de esas características y es posible –y entendible– que en el fragor del enfrentamiento, tan violento que produjo decenas de víctimas, la Policía española o la marroquí fuesen poco escrupulosas con las lindes fronterizas o con los procedimientos reglados de defensa legítima. Pero si así ocurrió, las autoridades tienen la obligación de dar explicaciones y entregar toda la documentación disponible a la justicia. La aparición de testimonios informativos independientes sugiere la existencia de una ocultación delictiva y de un inaceptable engaño deliberado a la ciudadanía.

Ocurre que esos testimonios ponen en solfa la hipocresía de un Gobierno acostumbrado a manejar los conflictos migratorios con manifiesta doblez de criterio. Y que la eventual extralimitación de los cuerpos de seguridad deja en mal lugar al presidente que dio el trágico incidente por «bien resuelto» en una de esas frases que persiguen a su autor durante mucho tiempo. Ocurre también que en aquellos días estaba candente el polémico y nunca aclarado acuerdo sobre el Sáhara con Marruecos, y que el Ejecutivo español necesitaba vender como un éxito la colaboración de Mohamed VI. Así que le echaron literalmente encima los muertos como cosa propia de un régimen autoritario donde la vida humana no goza de mucho respeto. ‘Realpolitik’. Un problema menos. La acogedora recepción del ‘Aquiarius’ y la demagogia buenista de los brazos abiertos quedaban a salvo por unos metros.

Ahora esos metros son la distancia que separa la continuidad o el cese –por decisión propia o ajena– de Marlaska. Aunque no sirvan para reparar el agujero de la impostura humanitaria que el sanchismo despliega y encoge cuando le viene en gana por no asumir ante sus socios que el ejercicio del poder implica una razón pragmática. La silla de Interior está electrificada y su actual titular lleva a cuestas demasiadas contradicciones y una gestión demasiado errática para seguir ocupándola. Ha cesado a oficiales de trayectoria impecable, beneficiado a presos etarras, permitido ‘ongi etorris’ y empañado con decisiones sectarias su meritoria carrera togada. Nada de eso le ha impedido seguir pero ahora son los aliados de Sánchez quienes reclaman su cabeza en bandeja de plata. Si hay una remodelación ministerial en ciernes, lo más probable es que salga. No dejaría de tener su gracia que unas excusas falsas le costasen el puesto en este Gabinete de la mendacidad institucionalizada.