SEGÚN AVANZAN las investigaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido el 1–O y en los meses en los que se intentó perpetrar el golpe para culminar el procés, el futuro procesal de sus promotores es más claro y complicado. Los testimonios de los mandos intermedios de los Mossos recogidos por un juez de Sabadell confirman que la policía autonómica urdió un plan para permitir –por acción y omisión– que se celebrara el referéndum ilegal. Varios cargos del cuerpo catalán han coincidido en señalar a la Prefectura como responsable de que el 1 de octubre los agentes no actuaran, bien por falta de medios, bien por ausencia de órdenes. Sus declaraciones confirman las sospechas de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ha encausado al ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por los delitos de sedición y organización criminal.

Cada vez es más difícil negar que la Generalitat contó con la complicidad de su policía autonómica para desobedecer a los jueces que prohibieron expresamente el 1–O. Según han contado los oficiales intermedios de los Mossos al juez, en la reunión de 400 mandos que se celebró para abordar el referéndum no hubo «ninguna orden concreta» para tratar de evitarlo. Además, buena parte del contingente que se envió a los colegios para supuestamente impedir la votación fue «logístico y no operativo». Los Mossos se presentaron en los puntos para la votación sin «precintos», ni «candados», ni «cadenas». Tal era la desidia por cumplir con su deber de impedir la consulta que los investigados han llegado a decir al juez que «en los colegios nos dijeron que hacían una chocolatada y nos fuimos». Una frase reveladora que recoge tanto el desinterés por acatar la orden judicial, como la grotesca actuación de los Mossos ese día.

Tras leer los testimonios, se entiende mejor, si cabe, la soledad con la que la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que enfrentarse a los votantes. Esa circunstancia hizo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cayeran en la burda trampa de la Generalitat de conseguir imágenes violentas que corroborasen su relato de que España es un Estado opresor. Una estrategia de propaganda exterior que ha sido contestada por el Gobierno con tibieza. En ese sentido, es de agradecer que Pedro Sánchez tuviera ayer la oportunidad de ejercer de embajador de España en el congreso del SPD y la aprovechara con un discurso en el que arremetió contra Puigdemont y el secesionismo.

Hecho el daño, lo importante es que las declaraciones de los Mossos serán de ayuda para las investigaciones judiciales. La Justicia necesita sus tiempos. Pero, más allá de la válvula de oxígeno que ha conseguido Puigdemont en Alemania, las responsabilidades por tratar de consumar la independencia unilateral están cada vez más claras. Tarde o temprano, los sediciosos responderán por sus actos de rebeldía.