El utópico proyecto secesionista impone una lógica en la que exige sumisión a sus objetivos al conjunto de la Administración catalana. Éste es el disparatado argumento que mueve a los dirigentes de la CUP a lanzar públicos y graves reproches a los Mossos no por saltarse sus obligaciones legales, sino precisamente por cumplir las mismas. Además del desprecio a las fuerzas del orden, consustancial a una organización radical y antisistema, la CUP ha cargado duramente en los últimos meses contra la policía catalana por su actuación tras la desobediencia practicada por varios independentistas. Los Mossos detuvieron en noviembre a la alcaldesa de Berga (CUP) por negarse a retirar la estelada en las autonómicas de 2015 y las generales del 20-D pese a que así se lo exigió la Junta Electoral. Y, un mes después, arrestaron a tres independentistas que se negaron a declarar ante el juez por quemar fotos de Felipe VI.
La formación cupaire planteó estas actuaciones como una afrenta a su estrategia de insubordinación a las autoridades del Estado. Además, exigió la dimisión del conseller de Interior y pidió a la Generalitat que exhortara a los Mossos a no cumplir las órdenes de los tribunales. La CUP demostró así que Puigdemont y Junqueras son rehenes de un partido que cuestiona las bases del Estado de Derecho. Un partido incapaz de asimilar que los Mossos cumplen con su función cuando actúan de oficio ante la comisión de un delito o cuando ejercen de policía judicial en el caso de ser requeridos. En este contexto, la manifestación policial de Barcelona resulta pertinente. El independentismo catalán tiene la obligación de dejar a los Mossos al margen de su lucha partidista, lo que pasa por mostrar un escrupuloso respeto institucional a la labor que desarrollan.
En todo caso, los Mossos también deben dar ejemplo a la hora de acoplar sus reglamentos internos a la legalidad, cosa que no siempre ocurre. EL MUNDO revela hoy que dos mandos de este cuerpo están siendo investigados por castigar a un agente por redactar un atestado en castellano y, posteriormente, negarse a traducirlo al catalán. El agente redactó la denuncia de un ciudadano en castellano después de que éste alegara desconocer la lengua catalana. Luego se negó a reelaborar el escrito en catalán, tal como exigen los protocolos de los Mossos. El agente acusó ante el juez a los dos mandos de haberle relegado a tareas menores durante tres meses como represalia.
Será el juez el que dirima si los responsables policiales cometieron sendos delitos de prevaricación y acoso. Pero lo que este caso vuelve a poner de manifiesto –ya había antecedentes– es que la normativa de los Mossos colisiona frontalmente con la cooficialidad del castellano y el catalán que establecen la Constitución y el Estatut. La Generalitat debe corregir cuanto antes esta anomalía.