EL MUNDO – 22/10/14
· El Govern asegura que «no escoltarán las urnas» y sólo harán labores de orden público.
El despliegue que los Mossos d’Esquadra activarán en toda Cataluña durante la consulta alternativa del 9 de noviembre ha generado inquietud entre decenas de sus 17.000 agentes, especialmente por las consecuencias jurídicas que podría tener para los policías trabajar en defensa de una votación que el Gobierno acabe considerando ilegal, tal y como sucedió con la consulta en su formato original.
Para frenar dicha intranquilidad, el sindicato de la Policía de la Generalitat (SPC) ha reclamado por carta al director general de los Mossos, Albert Batlle, que dote de mayores garantías legales a los agentes a los que se vaya a movilizar durante el fin de semana del 9 de noviembre.
En una misiva remitida a Batlle el lunes, el SPC reclama al máximo responsable de los Mossos que «emita un informe jurídico respecto al marco legal en el cual se desarrollará el procedimiento de participación ciudadana –tal y como Mas bautizó a la votación alternativa– y en relación a las funciones que esté previsto que desarrollen los agentes de los Mossos d’Esquadra». El sindicato, que al cierre de esta edición aún no había recibido respuesta oficial de Batlle, advierte en su escrito de que la falta de información concreta «por parte de la Dirección General de la Policía provoca cierta inseguridad jurídica entre los agentes respecto a las responsabilidades personales» que pueden afrontar «en el cumplimiento de las órdenes recibidas».
Una portavoz del Departamento de Interior contactada por este diario recordó a los agentes que el despliegue del 9 de noviembre –el cual todavía se está elaborando sin que se conozca el número exacto de policías con el que contará– se realizará «completamente acorde con el marco legal correspondiente».
Según ahondó, los Mossos d’Esquadra únicamente serán destinados a «garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia», y descartó de lleno que la Policía de la Generalitat vaya a participar de forma activa en cualquier aspecto de la organización de una consulta que, hasta el momento, no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. La misma portavoz acentuó que «los Mossos no escoltarán las urnas» que el Govern tiene previsto distribuir en 700 institutos de enseñanza secundaria de Cataluña.
Los responsables del Departamento de Interior llevan meses trabajando para evitar que los Mossos d’Esquadra se vean implicados políticamente o bien puedan ser acusados de parcialidad por el papel que jueguen durante la votación. Una prueba de ello es la insistencia con la que el conseller del ramo, el democristiano Ramon Espadaler, insiste en que «la Policía nunca dejará de cumplir la ley», en referencia implícita al veto del Constitucional. Un mensaje al que se sumó a inicios de octubre Albert Batlle. Éste remitió una carta a los 17.000 agentes en la que instaba a todos los policías a mantener la «neutralidad política y la imparcialidad» en torno a cualquier manifestación vinculada con el proceso soberanista.
EL MUNDO – 22/10/14