No existe una sola explicación verosímil de la fuga de Carles Puigdemont que no pase por algún tipo de amaño tácito o explícito entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Ninguna. Y esa, la de que vivimos en un régimen bananero, es la explicación benevolente. Porque la alternativa es deducir que ellos, por mucho que nos duela, son mucho más listos que nosotros. Prefiero la teoría del amaño.

Este viernes, en Espejo Público de A3, tres agentes de policía han dado largas explicaciones sobre el porqué del fracaso del operativo de los Mossos. Yo estaba en el plató y llevaba hablando sobre ese asunto casi una hora junto a Lorena García, Afra Blanco y Jaime de los Santos. La escena era absurda. ¿Qué hacíamos esas siete personas especulando sobre la logística de la fuga de Puigdemont y del operativo policial cuando quienes deberían haber estado dando explicaciones en vivo y en directo son en todo caso Fernando Grande-Marlaska, Joan Ignasi Elena y Jaume Collboni?

¿Por qué le hemos preguntado sobre el asunto a esos tres representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando la responsabilidad es evidentemente política y los agentes de los Mossos sólo han ejercido de extras involuntarios de una pantomima grotesca diseñada por los interesados en que esto acabara como ha acabado?

Decía Pastrana en X que cuando un gobierno decide de forma arbitraria a quién no debe detenerse estamos a sólo un paso de que acabe decidiendo de forma arbitraria a quién debe detenerse. Don Raggio decía que «el Estado español es intermitente» porque aparece cuando ingresas el IVA con 24 horas de retraso, pero desaparece cuando el prófugo más buscado del país se planta en España y organiza un mitin. Ciriaco lo remataba con la última astracanada de Nicolás Maduro: «Venezuela va camino de convertirse en Canadá, Reino Unido o España».

Luego ha llegado la rueda de prensa del consejero de Interior catalán y de los altos mandos de los Mossos y la densidad de la mamarrachada ha alcanzado niveles dañinos para la salud. Me abstengo de reproducir lo que se ha dicho fuera de micro, porque todavía acabará alguien en la cárcel por delito de pensamiento, que es el único que sigue penándose sin piedad en nuestro Estado de derecho.

La primera excusa de los gerifaltes de la oclocracia catalana ha sido que la orden de detención de Puigdemont «no cumple» con la ley de amnistía. Porque ahora las leyes no las interpretan ya los jueces, como en las democracias, sino los políticos en función de sus intereses personales, como en los protectorados caribeños. La nueva normalidad es que un burócrata decida que otro burócrata no entre en la cárcel, aunque lo haya ordenado un juez, porque la soberanía nacional reside en sus santos antojos.