IGNACIO CAMACHO – ABC – 23/07/16
· El de las pensiones-fantasma es un bonito expediente con el que ir a Bruselas a reclamar benevolencia sobre el déficit.
Uno de los efectos más perniciosos del bloqueo político es el daño que inflige a la reputación colectiva española. La fama de nación solvente que mal que bien ha enderezado su crisis económica y financiera se empieza a desmoronar por culpa de la inoperancia institucional y ese desgaste de apariencia intangible tiene un coste económico a la hora de negociar en Europa.
Por eso lo último que conviene en un momento tan delicado es agravar el deterioro de la imagen nacional con episodios de incuria administrativa que incrementen la sensación de caos o provoquen sospechas de fraude. El flamante caso de las pensiones-fantasma constituye un alarmante reclamo para sembrar dudas sobre la eficiencia del Estado. Un bonito expediente con el que ir a Bruselas a solicitar benevolencia en el cumplimiento del déficit.
Si el informe del Tribunal de Cuentas responde a la realidad estamos ante un clamoroso escándalo «a la griega»: treinta mil difuntos gozando de buena salud a la hora de cobrar sus nóminas jubilares. Si está desenfocado o simplemente es falso, como protesta la Seguridad Social, se trata de una descomunal chapuza que reclama medidas severas por el impacto de sus consecuencias en el prestigio nacional. De una u otra manera, este es el peor momento para un debate de esta naturaleza: en medio de una inquietante amenaza sobre el futuro de las pensiones, con la hucha de reserva tiritando en plena canícula y con la sostenibilidad del sistema acercándose al punto crítico.
No es un asunto que se pueda despachar de cualquier modo. Hay al menos tres organismos involucrados –el citado Tribunal de Cuentas, el INSS y el Instituto de Estadística– cuya formalidad queda en entredicho. Y la población necesita saber cuál de ellos se ha columpiado en una materia tan sensible. Trescientos millones anuales en prestaciones bajo sospecha merecen una investigación clarificadora y, en su caso, depurativa. Es el crédito de la famosa Marca España el que está en juego; el crédito en sentido metafórico y literal porque a ver quién le presta dinero a una Administración negligente para controlar su inventario de ciudadanos vivos con derecho a asignaciones sociales.
Y aún tenemos suerte. Nadie podría extrañarse si las instituciones europeas fruncieran el ceño ante la estafa andaluza de los ERE o la de los fondos de formación laboral, que permiten conclusiones devastadoras sobre el uso de las transferencias comunitarias. Da miedo pensar que la UE aplicase la lupa investigadora a los subsidios de desempleo, un auténtico tabú sociopolítico. El relato de la crisis de nuestro Estado del bienestar tiene razonables fisuras de verosimilitud que comprometen el rigor de la gestión pública. Con estas credenciales borrosas y las instituciones colapsadas por ausencia de Gobierno, corre grave peligro lo que quede del respeto o la fiabilidad de España como un presunto país serio.
IGNACIO CAMACHO – ABC – 23/07/16