Parece llegada la hora para que el Rey Felipe VI haga, quizás durante la apertura solemne del ‘año judicial’, una seria advertencia sobre las nuevas amenazas al ‘orden constitucional’,
Fue el 10 de diciembre de 2023 cuando la vicepresidenta Maria Jesús Montero declaró que el Gobierno nunca abriría una negociación ‘bilateral’ sobre la financiación autonómica con el nacionalismo catalán dejando fuera al resto de las Comunidades Autónomas.
Otra mentira del Gobierno a la vista del que el presidente Pedro Sánchez ha acordado una reforma fiscal catalana con los primeros dirigentes de ERC a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un pacto cuyo verdadero alcance se mantiene oculto y sobre el que Montero se ha aventurado a decir que en Cataluña no habrá un ‘concierto fiscal’ como el del País Vasco. Lo que ha desatado las iras y las amenazas de ERC.
Advirtiendo a Illa de que puede llamar al pacto, si lo prefiere, de ‘financiación singular’, pero que si no alcanza (además de la escandalosa condonación de la deuda catalana) el nivel del concierto vasco estará en riesgo la estabilidad de su Gobierno.
Una advertencia y amenaza muy similar a la que Carles Puigdemont exhibe a diario contra el Gobierno nacional de Pedro Sánchez si no actúa pronto con la contundencia necesaria para que se aplique la Ley de Amnistía (que por ahora ha bloqueado el Tribunal Supremo) a todos los malversadores y responsables del golpe de Estado Catalán de 2017.
Unos pactos en Cataluña sobre los que el Alto Comisionado de la UE Josep Borrell ha declarado que constituyen un ataque a la unidad fiscal española y de las CC.AA. que, a la vez, incluye un reconocimiento del discurso del ‘España nos roba’ (que Borrell denunció en un ensayo con ese título) para finalmente justificar el discurso del procés y el golpe de Estado.
Memorable intervención de Felipe VI
El que denunció el Rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, poco antes de la declaración unilateral de la independencia de Cataluña, ante la pasividad del presidente Mariano Rajoy tras ser aprobada en el Parlament la ‘desconexión’ de España. Motivos suficientes para la excepcional y memorable intervención del monarca, siguiendo el mandato constitucional que le obliga a ‘guardar y hacer guardar la Constitución’.
Una situación que ahora se repite con un triple ‘ataque’ a la Constitución que promueve el presidente Sánchez. Empezando por la Ley de Amnistía que rompe de flagrante manera el sagrado principio constitucional que iguala a todos los españoles ante la Ley. Una vez que dicha ley solo beneficia a los delincuentes golpistas y malversadores catalanes y excluye al resto de los ciudadanos con delitos similares, al mismo tiempo amnistía a los delincuentes malversadores no se admite en el derecho de la UE.
Los únicos argumentos de estos disparates son la doble investidura de Sánchez e Illa en las presidencias de España y Cataluña y sus ansiadas permanencias en el poder nacional y catalán
Asimismo Sánchez, con su pretendida ruptura de la unidad fiscal de España, como la que espera llevar a cabo en beneficio de Cataluña frente al resto de CC.AA., también rompe el marco de igualdad constitucional. Lo que intenta justificar Sánchez con el argumento de que de esa manera se avanza hacia un modelo ‘federal’ español (que en realidad sería ‘confederal’), lo que tampoco admite la Constitución.
Un falso argumento al estilo de la patraña de ‘la convivencia’ catalana con el que Sánchez pretendió justificar la Ley de Amnistía. Cuando, en realidad, los únicos argumentos de estos disparates son la doble investidura de Sánchez e Illa en las presidencias de España y Cataluña y sus ansiadas permanencias en el poder nacional y catalán, que ahora amenazan sus aliados nacionalistas desde Junts y ERC.
Lo que nos conduce a la reflexión de que parece llegada la hora para que el Rey Felipe VI haga, quizás durante la apertura solemne del ‘año judicial’, una seria advertencia sobre las nuevas amenazas al ‘orden constitucional’, que avala la presidencia de Sánchez. Y cuando, por otra parte y desde el Gobierno, se está violentando el ‘Estado de Derecho’ con unos continuos ataques a primeros magistrados del país y amenazando la libertad de expresión.
De manera que tiempo es para que el Jefe del Estado hable y se comprometa, públicamente, con la defensa del marco constitucional desde su función ‘moderadora’ e imparcial y desde su obligación de ‘guardar y hacer guardar la Constitución’. La que Pedro Sánchez pretende reformar subrepticiamente a su favor, imponiendo un reguero de decisiones arbitrarias y consumadas para burlar el obligado procedimiento de toda reforma constitucional y para garantizarse su permanencia en el poder.