EL MUNDO 18/02/15
Los tres obispos vascos y el navarro han escrito una pastoral conjunta para Cuaresma en la que, por primera vez en las últimas décadas, dedican un espacio propio a la «reconciliación» de la sociedad vasca apelando a la asunción de culpa por parte de ETA y Sortu. Los prelados piden a «los causantes del dolor y sufrimiento» de tanta sangre «derramada injustamente» que reconozcan su «culpa» y su «pecado», caminen hacia su «conversión» y empiecen a «recomponer lo que ha sido destruido» en las víctimas y en sus propias familias. Eso sí, no citan a la banda ni a la izquierda abertzale. Tampoco hablan de terrorismo ni de víctimas del terrorismo.
El mensaje firmado por José Ignacio Munilla (San Sebastián), Mario Iceta (Bilbao), Miguel Asurmendi (Vitoria), Francisco Pérez y Juan Antonio Aznárez (arzobispo y obispo auxiliar de Pamplona), tiene un importante calado en el debate político vasco, marcado por los reproches que PNV, PSE y PP lanzan a Sortu por su rechazo a deslegitimar la violencia que alimentó durante casi medio siglo y que ha dejado más de 800 asesinados.
Supone además un paso adelante en el seno de la Iglesia vasca, cuya jerarquía ha pecado históricamente de equidistancia. La situación cambió de forma visible con la llegada del conservador José Ignacio Munilla. En enero de 2012, Munilla reconoció que la Iglesia vasca había «tardado mucho en reaccionar», que tenía una «deuda muy grande» con las víctimas de ETA, y anunció que los obispos vascos preparaban una carta pastoral sobre el tema. Pero la iniciativa fracasó por las diferencias entre Munilla y los obispos de Bilbao y Vitoria. Sí ha habido gestos, como una homilía común en la que se pidió a ETA que se arrepintiese y a las víctimas que perdonasen, o una oración conjunta por ellas, la primera que se recuerde.
En las últimas décadas, los obispos de Euskadi y Navarra han solido optar por el silencio o por alusiones breves en sus pastorales comunes de Cuaresma, mezclando el terrorismo con «la vulneración de derechos humanos colectivos» (2005). En 2002, los tres prelados vascos condenaron a ETA para, a su vez, criticar la Ley de Partidos que permitió la ilegalización de Batasuna, una «necesidad social imperiosa», según fallaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siete años más tarde.