Los otros catalanes

Las informaciones sobre que la Fiscalía estudia presentar querellas contra miembros del gobierno de la Generalitat han generado un torrente de declaraciones advirtiendo de que el problema no es jurídico sino político. En ello han coincidido catedráticos, convergentes, republicanos y socialistas, mientras que la eventualidad de una actuación judicial sería respaldada por populares, UPyD y Ciutadans. Dado el cariz del desencuentro cabe plantearse que quizás el problema no sea tampoco político. Quizá nos encontremos ante un problema pre-político. La notoriedad del caso, que acapara prácticamente toda la vida institucional en Cataluña, está distorsionando la naturaleza del problema en una vorágine de argumentaciones circulares. Dado que no tiene una solución judicial, ha de hallarse una salida política. Pero acto seguido surgen tres imposibles de conciliar: aplicar la Constitución de 1978, permitir una consulta definitiva de autodeterminación en Cataluña o reformar la Constitución para todos.

La perspectiva alentada por el PP de que la Fiscalía podría imputar a Mas, a la vicepresidenta Ortega y a otros consejeros de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos, para acabar solicitando su inhabilitación como cargos públicos, propició que el presidente de la Generalitat comenzase la semana en el papel de víctima. Sospechoso de poder dejar de lado el compromiso soberanista, renuente a la declaración unilateral de independencia, aparecía como posible encausado tras protagonizar casi en solitario la jornada del 9-N. En esas condiciones dio inicio a la ronda de contactos con las demás formaciones. El sordo pulso entre el Gobierno del PP y la fiscalía general ha pospuesto y enfriado una iniciativa que hoy ya no se sabe si se producirá y que, aun en el caso de materializarse, presenta un recorrido más que incierto. Sencillamente porque la resolución del Tribunal Constitucional admitiendo a trámite el recurso frente al ‘9-N alternativo’ tampoco fue tan taxativa como para que el gobierno de la Generalitat no pueda defenderse en nombre de la participación política, como patrocinador de una gran movilización con urnas que todavía no se han cerrado.

Pero la eventualidad de su procesamiento se convertía en una razón añadida a su distanciamiento respecto a un posible punto de encuentro político. Como si la demostración jurídico-judicial de que las salidas han de buscarse en el ámbito de la política fuese, paradójicamente, el argumento definitivo para eludir la búsqueda de soluciones en ese plano.

En su comparecencia del miércoles, el presidente Rajoy quiso conectar con ‘los otros catalanes’, con los dos tercios de ciudadanos que se abstuvieron de participar en el 9-N, como si su impasibilidad fuese la proyección natural del sentir de los cuatro millones que no acudieron a la cita del domingo. Aunque en su intervención evitó dar a entender que su defensa de la legalidad vigente trataba de preservar los derechos de esos ‘otros catalanes’. Probablemente para sortear la visión de que esos derechos pudieran verse conculcados por el tercio partícipe de la consulta alternativa. Así es como Rajoy se ciñó a su discurso de que un presidente de Gobierno no puede salirse de las pautas establecidas en la ley, a no ser que ésta sea modificada siguiendo los procedimientos previstos en la misma. Su insistencia en que quien desee cambiar la Constitución lo proponga es la negativa a emprender la tarea o a propiciarla a través de la comisión correspondiente del Congreso. Una manera muy personal de anunciar que no será él quien se haga cargo de la tarea. No se atrevió a reducir el problema a una cuestión jurídico-judicial, pero optó por desdeñar lo ocurrido el 9-N guareciéndose tras ‘los otros catalanes’ como recurso para eludir la búsqueda de algún entendimiento explícito.

La situación revela un conflicto que está a punto de pasar al catálogo de los ‘problemas sin solución’. Porque las diferencias entre el soberanismo independentista y todo lo demás se vuelven insalvables. No se trata de una discusión sobre procedimientos, sino que la divergencia ha desbordado de facto las posibilidades que el ordenamiento actual ofrece para serenar los ánimos. Cataluña –como Euskadi– se convirtió en comunidad política con la aprobación del Estatuto de 1979, estatus que debiera preservarse por encima del concepto identitario de nación. Todo proceso plebiscitario –sea una consulta a doble pregunta o sean unas autonómicas con candidaturas de concentración– entraña un propósito reduccionista de la pluralidad, en tanto que electores y elegibles deben obviar sus ‘otras’ convicciones para realzar un ser –un catalán– unidimensional. La manida fábula de recuperar la ‘casa del padre’ para decidir después cómo se distribuyen sus espacios y de qué color habría que pintar su fachada se ha apoderado de la escena catalana. El abrazo que en el recuento del 9-N se dieron Artur Mas y David Fernández fue su impostación más elocuente.

La demostración de que nos encontramos ante un problema prepolítico está en el tacticismo con que cada uno de los actores principales trata de zafarse del entuerto: la política reducida a su versión más pedestre. El 9-N ha aflorado de nuevo los intereses partidarios de convergentes y republicanos. La necesidad que el partido heredado de Pujol tiene de refundarse a través de una candidatura electoral sin siglas, y el vértigo que los de Oriol Junqueras experimentan ante un cambio de ciclo que ellos mismos reivindican como nueva era. ‘Los otros catalanes’ no son únicamente esas dos terceras partes del censo establecido por el 9-N. Hay ‘otro catalán’ en cada habitante de esa comunidad política; un catalán diverso en sí mismo. La agenda soberanista constriñe su destino y trata de encasillarle entre el ‘sí-sí’ y el ‘sí-no’ reduciendo a la nada todo lo demás: tanto el sentir ciudadano de quienes no han ido a votar como las distintas dimensiones en que se debaten los votantes del 9-N.