Las negociaciones políticas presentan notables dosis de engaño y de autoengaño. Supongamos por un momento que los negociadores del Gobierno Sánchez se mostraron, el miércoles, receptivos a la demanda que Carles Puigdemont hizo pública en septiembre, dándole largas con la promesa de un proyecto de ley orgánica sobre migración, con tal de que los siete diputados de Junts se ausentasen en la votación de los decretos ley. Y que al hacerlo pensaban en que nunca se alcanzará la mayoría absoluta necesaria para aprobar la delegación que Junts interpreta como traspaso de competencias. Pero, una vez echada a rodar la cuestión, no sólo obliga a los de Puigdemont a insistir en ella -por ejemplo, a cuenta de la próxima tramitación de los Presupuestos-. Será imposible devolverla al ámbito de las políticas de Estado, y retirarla de la agenda soberanista.

El motivo más tangible por el que Junts reclama el traspaso encubierto bajo la forma de una delegación es que Cataluña atrae proporcionalmente más migrantes que casi todas las demás comunidades autónomas. Lo que el independentismo de derechas entiende que no es una oportunidad, sino un perjuicio comparativo. Se supone que porque implica costes y problemas en una población censada de en torno a 8 millones de personas: 6 en la provincia de Barcelona. Un millón y medio del total nacidas en el extranjero. Es ahí donde aflora la xenofobia, cuando el independentismo considera ya que la identidad catalana -lengua, cultura, costumbres como un todo difuso- está en riesgo por la pertenencia al Estado español, por muy constitucional que sea, o porque precisamente lo es.

Silvia Orriols, del grupo independentista supremacista Aliança Catalana, logró la alcaldía de Ripoll con solo 6 de los 17 concejales electos el 28 de mayo de 2023. Sencillamente porque los socios de la investidura de Sánchez no quisieron ponerse de acuerdo para impedirlo. Hoy Orriols está condicionando la cuestión de la inmigración en Cataluña, y también las expectativas de los secesionistas ante las autonómicas de 2025. La idea de impulsar una política de migración que responda a los intereses de los catalanes, y no a los de los extranjeros, está presente en los propósitos de Puigdemont. Pero resulta paradójico que una ‘mayoría de progreso’ legitimada por salir al paso de la irrupción de Vox en el gobierno de las instituciones tenga que contar con el apoyo de quienes postulan políticas análogas a las de Santiago Abascal.

La Euskadi institucional no debería jactarse tanto de los ‘modelos’ genuinamente vascos. Tampoco en materia de migración. Es hasta cierto punto lógico que el Gobierno de Urkullu evite quedarse al margen del movimiento impuesto por Puigdemont. Pero no conviene autoengañarse dejándose llevar por los engaños de otros. La población vasca crece, muy moderadamente, gracias a la migración. No hay por ahora ningún grupo político con alcaldía que la considere perniciosa. Ni un grupo parlamentario que reclame políticas al respecto en favor de los vascos, y no de los extranjeros. Pero todo podría ocurrir si Ajuria Enea se obstina en emular el protagonismo de Junts.