Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y el Estado debe actuar contra quienes lo hagan de forma violenta. Un representante público como Santiago Abascal no debe decir a la policía que no actúe. La sede de un partido no es el lugar adecuado para manifestar un desacuerdo con una medida política. No hay nada que celebrar en este clima de discordia. Por otro lado, resulta contradictorio que se pretendan amnistiar unos actos muy graves y que otros menos lesivos se presenten como un peligro para la democracia. Y asimilar a la extrema derecha toda disensión con los acuerdos encaminados a lograr la investidura, o fundir el rechazo de muchas personas a unas decisiones políticas con la actuación violenta de los ultras, es una estratagema cínica y cutre.

La derecha se opone a las cesiones al separatismo, pero lo raro es que no se critiquen también desde la izquierda. La amnistía contradice el principio de igualdad ante la ley. Si eres político o cercano a determinados partidos, puedes cometer sin castigo actos que se castigarían si no fueras político o si no tuvieras esa cercanía. La ley se vuelve caprichosa, personalista y voluble: deja de ser general, abstracta e impersonal. Se quiebra un principio general, y la fractura debería molestar particularmente a quien se preocupa por la igualdad. El Estado de derecho, patrimonio de los débiles porque limita la arbitrariedad del poder, se suspende.

Tampoco es fácil defender desde la izquierda la condonación de 15.000 millones de euros de deuda con el Estado a Cataluña, como propone el pacto entre el PSOE y ERC. Ha habido un cambio de criterio para favorecer a esta comunidad; también se anunció una quita del 20% en la deuda de todas las autonomías. La deuda de Cataluña —que responde a una ayuda para financiarse de manera más barata desde 2012— asciende a 86.000 millones, el 85% de ella con el Estado. “Una condonación homogénea de la deuda en manos del Estado concentraría la ayuda en Cataluña, que se llevaría uno de cada tres euros”, ha escrito Javier Jorrín. Ciudadanos de comunidades autónomas más pobres cargarán con esa deuda. La mala gestión de lo público, que debería importar a la izquierda, no se censura sino que se premia.

Vulnerar el principio de igualdad ante la ley y redistribuir el dinero de los pobres hacia los ricos no son políticas que se puedan defender desde la izquierda. Por eso muchos prefieren callar, esconderse tras falsos dilemas o simplemente mirar hacia otro lado.