DIARIO VASCO, 7/7/11
La Fiscalía de París sostuvo esta tesis al pedir seis años de cárcel para dos acusados de tres ataques frustrados
Documentos intervenidos en 2008 a Xabier López Peña, ‘Thierry’, considerado entonces el jefe del aparato político, indican que ETA está detrás de la campaña de 42 atentados contra intereses inmobiliarios perpetrados en el País Vasco francés entre 2005 y 2009. Esta tesis fue sostenida ayer por la Fiscalía antiterrorista de París al pedir penas de seis y cuatro años de prisión contra los dos presuntos autores de tres ataques frustrados registrados de 2007 a 2009 a este lado de la frontera con el lema ‘El País Vasco no está en venta’.
El procurador Jean-Julien Xavier-Rolai, número dos de la Fiscalía antiterrorista francesa, sostuvo ante el Tribunal Correccional de París que la estrategia violenta contra la especulación inmobiliaria en Iparralde «emana de ETA». Afirmó que la campaña de atentados incruentos con explosivos fue diseñada por «ese gran hermano tutelar de la galaxia nacionalista violenta que es ETA».
El fiscal se basó principalmente en dos escritos ocupados a la cúpula política de ETA desmantelada el 21 de mayo de 2008 en un piso de Burdeos. En un documento titulado ‘Jauzi Berria’, el redactor proponía reactivar la lucha armada en el País Vasco francés tras consultar a los «militantes comprometidos con la evolución de la situación en Ipar Euskal Herria».
Se justificaba la decisión en el hecho de que el turismo y la especulación inmobiliaria privaban al pueblo vasco de sus viviendas y de su tierra, percibidas como la «base de la transmisión de la identidad vasca». El autor puntualizaba que ETA no debía ser el autor de las acciones violentas en denuncia de esa problemática sino que tenía que limitarse a apoyar este «segundo frente» para formar a los militantes, dar una ayuda técnica y determinar la línea política.
El otro escrito esgrimido por Xavier-Rolai es el acta de una reunión entre dos activistas y un tal ‘Harpea’ titulado ‘Serti 711’ y fechado el 22 de octubre de 2007. En este texto se alude a la existencia en Francia de diez grupos de tres personas, operativos y autónomos, que debían ser organizados con la finalidad de evitar la puesta en práctica de acciones no concertadas. Se preconizaba que esas personas siguieran siendo militantes ‘legales’ (no fichados) y que un individuo asumiera la coordinación de los grupos. Otro activista debía encargarse de los contactos directos con ETA tanto para obtener los medios operativos de formación y material como para garantizar la transmisión de la estrategia política de la izquierda abertzale. Así, según el fiscal, se pretendía asegurar que ETA permanecía en segundo plano. El representante del ministerio público pidió condenas de seis años para Mattin Olzomendi (Bayona, 1981) y Peio Hirigoien (Bayona, 1979) por tres intentos de atentado contra agencias de Saint-Palais, Cambo y Bassussarry. Para el primero planteó que no pueda acogerse a beneficios penitenciarios antes de pasar cuatro años en la cárcel. Para el segundo solicitó una dispensa de cumplimiento de dos años si no reincide.
El abogado Robert Gastone denunció la teoría de «una ETA como mano invisible que permite explicar todo». Resaltó la contradicción entre una «organización jerarquizada y muy estructurada» y unos atentados que se financiaban «sacando dinero del cajero automático».
DIARIO VASCO, 7/7/11