EL CORREO 11/02/14
· Los reclusos ultiman el mecanismo para comenzar a solicitar beneficios penitenciarios en pequeños grupos
Seis meses para asistir a una sucesión de gestos de ETA relacionados con su desarme y con sus presos. Es la percepción que se ha instalado en los partidos vascos, que auguran nuevos pasos de la banda relacionados con la entrega de armas y con la asunción de las leyes españolas por parte de los reclusos para conseguir beneficios penitenciarios y acortar los plazos de su excarcelación. La organización terrorista trabaja ya en un calendario de actuaciones, aunque según las fuentes consultadas, no ha cerrado aún el ‘guión’ que desarrollará en los próximos meses.
El proceso abierto tras la declaración de cese definitivo de la violencia, el 20 de octubre de 2011, parece haber cogido de nuevo velocidad tras meses de estancamiento. La declaración del EPPK, el colectivo oficial de los reclusos, aceptando la actual legislación penitenciaria y el comunicado de ETA del pasado sábado en el que la organización armada anunciaba «aportaciones significativas» que se iban a materializar «sin tardar» ha abierto un nuevo escenario en el que los partidos dan por hecho gestos de calado por parte de la banda terrorista.
En ese sentido se interpreta la próxima visita de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que dirige Ram Manikkalingam. Como ya publicó este periódico a comienzos de año, los verificadores contemplaban regresar a Euskadi entre finales de enero y mediados de febrero y todo apunta a que ese viaje se materializará la próxima semana. Esta comisión ha comenzado a cerrar ya reuniones con el Gobierno vasco –Manikkalingam ha estado en contacto con el lehendakari desde su última visita, en marzo de 2013– y con los representantes de los partidos –a excepción del PP, que rechaza esta mediación–, de los sindicatos y de diferentes agentes sociales, como la Iglesia.
La llegada de la CIV se interpreta como la antesala de un anuncio importante por parte de ETA. El grupo de Manikkalingam dio el año pasado un ultimátum a la banda: o apostaba por dar pasos unilaterales hacia su desarme, sin esperar al Gobierno de Mariano Rajoy, o la comisión se disolvía en septiembre de 2013. Expirado el plazo, los verificadores decidieron seguir adelante al entender que su labor podía dar nuevos frutos.
Queda por conocer cómo ETA va a materializar esa voluntad de deshacerse de sus arsenales. Algo que sobre el papel no debería ser complicado dado que la banda apenas está compuesta por una treintena de terroristas y que no ha realizado movimientos significativos de sus zulos en los últimos años. Las fuentes consultadas, que no descartan que alguno de estos gestos se lleve a cabo cerca de las elecciones europeas del 25 de mayo, sostienen que el hecho concreto de la entrega de armas no será anunciado, sino que se dará a conocer una vez que se haya materializado.
Algo de lo que podría encargarse la CIV, entre cuyos miembros figuran el teniente general indio Satish Nambiar, que ya dirigió la misión de las Naciones Unidas en Bosnia entre 1992 y 1993. Tampoco se descarta que en esa labor de interlocución pueda tener un papel destacado la comisión nombrada por el ‘foro social’ –de la que forma parte, entre otros, la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco, Garbiñe Biurrun– o el equipo del ex jefe de gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, cuya labor ha ganado enteros en los últimos meses.
Proceso escalonado
La otra vía que experimentará importantes avances en las próximas semanas tiene que ver con los presos de ETA. El colectivo oficial de los reclusos, el EPPK, ya anunció a finales de diciembre que asumía las vías individuales para la excarcelación de los internos. Los etarras encarcelados tienen el permiso de la organización para comenzar a pedir –primero a Instituciones Penitenciarias y después mediante recurso ante los tribunales– su acercamiento a prisiones de Euskadi y su puesta en libertad provisional si han superado ya los dos tercios o los tres cuartos de sus penas de reclusión. Este cami-