Los presos de ETA piden su acercamiento a Euskadi sin reconocer el daño causado

Los gobiernos central y vasco mostraron ayer su decepción por la falta de autocrítica de los presos de ETA, que pretenden solicitar su acercamiento a cárceles vascas sin reconocer el daño causado o realizar algún gesto hacia las víctimas. Los escritos que les han facilitado sus abogados, que desde el lunes están recorriendo los centros penitenciarios para que firmen las peticiones, no incluyen ninguna referencia a su pasado delictivo ni una muestra de arrepentimiento. Los presos de ETA pretenden solicitar su acercamiento a cárceles vascas sin reconocer el daño causado o realizar algún gesto hacia las víctimas. Los escritos que les han facilitado sus abogados, que desde el lunes están recorriendo los centros penitenciarios para que firmen las peticiones, no incluyen ninguna referencia a su pasado delictivo ni una muestra de arrepentimiento. Los gobiernos central y vasco mostraron ayer su decepción por la ausencia de autocrítica de los penados. El lehendakari, Iñigo Urkullu, subrayó la necesidad de que realicen de forma individual una revisión crítica de su comportamiento. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que la ley exige la asunción del daño causado y la «desvinculación» de la organización terrorista para que los reos puedan ver mejorada su actual situación penitenciaria. Una apreciación que augura una negativa de Instituciones Penitenciarias –dependiente de Interior– a conceder esos traslados, lo que obligaría a los reclusos a iniciar un largo proceso judicial.

Los letrados que ejercen la defensa de los terroristas encarcelados comenzaron ayer a dar detalles de los escritos que van a utilizar, en un proceso escalonado, los 510 presos de la organización armada. Todos ellos reclamarán que sean llevados al centro penitenciario de Zaballa, en Álava. Lo harán en seis bloques. Tras los enfermos y mayores de 70 años le tocará el turno, en abril, a los 80 reclusos que llevan más de dos décadas entre rejas. Le seguirán, por este orden, los 74 internos con más de 15 años de estancia en la cárcel, los 170 encarcelados entre 10 y 15 años, el centenar recluido entre 5 y 10 años y, por último, los 70 que llevan menos de 5 años de internamiento.

Como ya informaba ayer este periódico, el documento consta de tres apartados en los que se utilizan sólo argumentos jurídicos para exigir el acercamiento a Euskadi. Junto a referencias a los problemas que les está generando el alejamiento de su lugar de arraigo, los internos asumen la apuesta por las vías pacíficas que el EPPK realizó en su comunicado del pasado 28 de diciembre. Además, los textos inciden en cómo es la legislación española, francesa e internacional y en cómo se les están aplicando a ellos unas medidas especiales incluso cuando ETA ha anunciado su cese definitivo. Sin una mención al pasado delictivo de cada uno. Algo que sí les recomendaba el Foro Social.

Las solicitudes, que se tramitarán de forma individual, siguen un patrón similar, lo que en principio dificultaría que la administración ordinaria las pudiera aceptar. El proceso, en todo caso, no es sencillo, ni de rápida gestión. Durante las próximas dos semanas, las peticiones de los 16 presos enfermos o con más de 70 años irán llegando a las respectivas Juntas de Tratamiento de los centros donde están recluidos. Éstas analizarán cada caso dentro de las reuniones programadas –no se realizan todos los días ni todas las semanas– y remitirán un informe a Instituciones Penitenciarias, que es el departamento que toma la decisión final. Desde la recepción de los escritos tiene un plazo máximo de seis meses para dar una respuesta. Si la contestación es negativa, los reclusos deberán comenzar la vía judicial.

La estrategia de la defensa tiene, de hecho, como objetivo que los jueces se pronuncien y sean quienes permitan el acercamiento y la posterior excarcelación, en un recorrido que se debe prolongar durante

años. La izquierda abertzale ha descubierto que la vía judicial puede ayudarle a desatascar los problemas con que se está encontrando en el proceso de paz una vez que el Gobierno de Mariano Rajoy se niega a entablar contactos con ETA para hablar de presos, armamento y terroristas aún en activo. Los jueces acabaron con la ‘doctrina Parot’ –el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la anuló y la Audiencia Nacional puso en libertad a la mayoría de los afectados en unas pocas semanas– y ahora espera que hagan lo mismo con la dispersión.

El debate, no obstante, está servido. La defensa de los presos entiende que los jueces tienen potestad para avalar los traslados y que, si no lo hacen los tribunales españoles, puede ser el de Estrasburgo el que desautorice a la administración nacional. El Gobierno del PP, sin embargo, cree todo lo contrario. Asegura que no hay ninguna exigencia legal para que los penados cumplan sus condenas cerca de sus domicilios y que sólo se trata de una recomendación que depende de la valoración que realicen las autoridades penitenciarias del comportamiento y trayectoria de los reclusos.

Precedente de 1996 y 2012
El ministro del Interior, que aseguró que su departamento no tenía aún constancia de las solicitudes de los reclusos de ETA, advirtió ayer que el EPPK ya había tramitado unas solicitudes similares en 1996 y 2012 y que en ninguno de los dos casos fueron atendidas. Jorge Fernández Díaz aseguró que con las nuevas reclamaciones «se cumplirá la legalidad como siempre» y aludió a que el Código Penal «exige el reconocimiento del daño causado y desvincularse de la organización terrorista».
El Ejecutivo se apoya en sentencias como la que emitió el Tribunal Superior de Madrid en 2000. Aquel fallo, según recogía ayer VascoPress, denegaba la petición del etarra José Antonio Kortadi Alustiza para que se le acercara a Euskadi. Los jueces alegaban que el lugar de cumplimiento de las penas es una «facultad discrecional» de la Administración y que no existe un derecho de los internos a estar recluidos cerca de sus domicilios.
La única formación que ayer se pronunció en contra de exigir a los presos una crítica de su pasado fue EH Bildu. La parlamentaria Belén Arrondo aseguró que «no es el momento» de pedirles este gesto porque «bastante tienen porque están enfermos o tienen muchos años». «Hay que dar pasos y si se empiezan a dar pasos, todos estarán dispuestos a hablar también de otras cosas», insistió.