EL ECONOMISTA 24/04/17
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (Apce), Lluís Marsà, ha alertado de «tensiones de precios» al alza si las administraciones no urbanizan nuevo suelo en las zonas en las que hay demanda de vivienda.
En una entrevista ha afirmado: «Llevamos 10 años prácticamente en que no se está urbanizando, no se está avanzando, no se están preparando planeamientos donde hay demanda acreditada y eso a medio plazo provocará tensiones de precios».
«Cuando se normalice la situación, que parece por los indicadores que tendemos a normalizar afortunadamente, faltará suelo y eso será un problema», ha argumentado, incidiendo en que hay una necesidad obvia, donde hay demanda, de poner en valor suelos que están a medio desarrollar o en fases muy primarias.
Apce preveía que en 2016 se iniciasen 10.000 viviendas en Cataluña, pero finalmente fueron 8.317 -con todo, supusieron casi un 35% más que en 2015-, lo que los promotores atribuyeron a la paulatina recuperación económica y a la lentitud en la concesión de permisos por parte de las administraciones.
Marsà ha alegado falta de funcionarios, y se ha mostrado a la espera de ver si la oferta de empleo público anunciada por el Gobierno central revierte en agilización de los trámites para operaciones inmobiliarias.
«En Barcelona ciudad se iniciaron menos viviendas en 2016 que en 2015, no tiene lógica», ha ejemplificado.
En cualquier caso, ha constatado que los constructores están «moderadamente optimistas» con 2017, cuando sí prevén alcanzar las 10.000 viviendas iniciadas, porque cada vez hay más municipios donde empiezan obras, que se extienden como una mancha de aceite desde las grandes ciudades.
Ha añadido que las consultas que reciben de los asociados -que van desde constructores tradicionales a empresas públicas, patrimonialistas y socimis- son un indicador avanzado del pulso del sector, y además la Apce está sumando miembros «en porcentajes importantes» en 2016 y el primer trimestre de 2017.
Precios ajustados
Respecto a la evolución de los precios de la vivienda este año, ha descartado un aumento importante: «Los incrementos de precios son muy ajustados porque la demanda es muy sensible, subir 6.000 u 8.000 euros puede suponer de estar vendiendo a no vender».
Ha añadido que los bancos marcan parámetros conservadores para dar crédito a los compradores, de manera que la hipoteca no supere el 35% de sus ingresos.
Para potenciar las empresas especializadas en alquiler, ha visto necesario garantizar la seguridad jurídica, evitando errores pasados como ayudas que desaparecen en poco tiempo, y modificando normativas para dar respuesta rápida a problemas como las ocupaciones, que ahora se eternizan en procesos judiciales.
Marsà también ha reivindicado que las administraciones desarrollen la normativa europea de eficiencia energética para 2020 y faciliten su cumplimiento con modificaciones legislativas, además de apoyar la rehabilitación con líneas de ayudas.
«El plan de ascensores de hace unos años funcionó muy bien, se podría extrapolar a otros temas de aislamientos, etcétera», ha propuesto.
Asimismo, ha pedido cambios normativos para adecuar los polígonos a la demanda logística creciente actual: «La normativa de alturas es para un tipo de industria de la que no hay demanda. Son oportunidades que pasan y que si no se aprovechan no volverán».