Como segunda consideración, el presidente ha tenido la habilidad política de amaestrar a los sindicatos con dádivas frecuentes. Y, después de las elecciones de noviembre de 2019, directamente nombró como ministra de Trabajo a una sindicalista, la ahora vicepresidenta Yolanda Díaz. Así, con los sindicatos como parte del Gobierno, el control de las masas parecía asegurado. Pero Moncloa ha podido comprobar estos días que los problemas sociales no solo los sufren los asalariados. En España hay una creciente masa de autónomos, a los que les cuesta mucho esfuerzo sostener a sus familias. A ellos ni les afectan los convenios, ni tienen horarios, ni es seguro que disfruten de vacaciones, ni tampoco disponen de un sueldo fijo. Para un autónomo, cada día tiene su afán, y nunca sabe cuál será el de mañana.

Ahora, la capacidad de movilización demostrada por este sector en el ámbito del transporte ha puesto al Gobierno ante una situación preocupante: no controla las calles tanto como suponía. Y ha optado por la vieja táctica de acusar de ultraderechista a cualquiera que se manifieste en protesta contra una decisión del «gobierno progresista». Por lo que parece, España está llena de ultraderechistas.

Un autónomo no es un empresario millonario. Un autónomo es un currante, pero no es reconocido como tal por los sindicatos de clase, que siguen anclados en el perfil «compañero del metal»: trabajador por cuenta ajena en una gran empresa. Los que quedan por debajo son el lumpen que, según Marx, no tienen conciencia de clase y, como consecuencia, quedan fuera del sistema. Y los autónomos son unos desclasados y, por tanto, no son de los nuestros.