En un documento imprescindible los rectores de las universidades israelíes han dado la réplica al acuerdo de la CRUE que instaba a las españolas romper sus relaciones con ellas, lo que en algunos casos ha dado lugar a la aprobación de normas de censura dirigidas contra los académicos que trabajan en ellas sobre temas relacionados con Israel. Imprescindible porque se trata de un texto imbuido de respeto a la ciencia, las libertades académicas y la democracia, al punto de que los rectores españoles, si se liberan de sus prejuicios antisemitas, encontrarán en él la horma de su zapato.

Para empezar, los rectores israelíes recuerdan que el ataque dio lugar a la guerra en Gaza; una guerra que ha obligado a «estudiantes y profesores a abandonar sus hogares» y que «sigue cobrando un precio insoportable y trastornando todos los ámbitos de la vida académica». Rechazan además la condena de la CRUE cuando extiende la sospecha sobre su compromiso con la paz y el derecho internacional. Y así afirman defender «la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos en Israel», aclarando que «no castigamos a nuestros estudiantes o miembros del personal por expresar opiniones propalestinas». Asimismo, reivindican la libertad académica en sus instituciones, lo que da lugar a que, en sus campus, «se debatan cuestiones polémicas basadas en la razón y los hechos». Recuerdan también que el 18% de sus estudiantes son palestinos musulmanes o cristianos, una cifra que refleja su participación en la población de Israel; y que cuentan con «un amplio programa de becas para estudiantes árabes», lo que es imprescindible para «fomentar campus multiculturales». Finalmente, advierten a los rectores españoles que «los boicots académicos son peligrosos», que «debilitar el mundo académico israelí sólo socavaría los cimientos democráticos de Israel», y que sus «académicos siguen firmemente comprometidos con la paz, la coexistencia y el derecho internacional frente a los desafíos actuales». Y se preguntan si las universidades españolas «quieren debilitar esta fuerza en la región en lugar de apoyarla». El reto está planteado y lo que hagan nuestros rectores será su responsabilidad. De momento los tribunales han anulado sus decisiones en varios casos, restaurando así las imprescindibles libertades de investigación, expresión y cátedra.