Los recursos contra la nueva Ley del Tribunal Constitucional que esta semana comienza a examinar el propio TC no impedirán en ningún caso aplicar la medida más rotunda de entre las reclamadas por la Abogacía del Estado: que se abra ya una causa penal por desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El Constitucional ha recibido dos recursos –interpuestos por la Generalitat catalana y por el Gobierno vasco– contra la norma que hace ahora un año le otorgó mayores poderes para hacer cumplir sus sentencias. En ambos se pedía la declaración de inconstitucionalidad de varios preceptos, pero ninguno atacaba el apartado que autoriza al TC a «[d]educir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder». Es decir, la posibilidad de comunicar a la justicia ordinaria la presunta comisión de un delito de desobediencia, para que se abra una causa y se investigue.
Además de no estar recurrido ese apartado, se trata de una facultad con la que, según resaltan fuentes jurídicas, ya contaba el Constitucional con la regulación anterior. Así pues, ni siquiera una revocación íntegra de la reforma que dejara las cosas como estaban antes de octubre de 2015 impediría al TC acordar la deducción de testimonio propuesta por la Abogacía y respaldada por la Fiscalía.
La posibilidad de tumbar toda la reforma está sobre la mesa del Pleno. El recurso que va a examinar esta semana –y si no lo resuelve, en convocatorias posteriores– es el presentado por el Gobierno vasco, una de cuyas objeciones afecta a la forma de tramitación de la reforma. El sistema escogido fue la llamada tramitación por lectura única, una vía exprés que reduce los plazos y las posibilidades de intervención de los diputados. El recurso sostiene que, conforme al reglamento de las Cámaras, no estaba justificada esa vía de urgencia y por tanto la reforma entera debería ser anulada.
Si el TC rechaza esa tesis, entraría a examinar los tres apartados del nuevo artículo 92 cuestionados en el recurso: la facultad de suspender de funciones al desobediente, la de reclamar la ayuda al Ejecutivo para que se encargue de hacer cumplir las resoluciones y la de tomar medidas cautelares antes incluso de escuchar a las partes si se trata de asuntos de «especial trascendencia constitucional». La imposición de multas, que ya estaba prevista anteriormente aunque en cuantía mucho menor, no ha sido recurrida.
Pese a que la apertura de una causa penal es la que podría conllevar consecuencias más graves para Forcadell (una condena de inhabilitación), en la práctica la medida de repercusión más inmediata sería la de suspensión de funciones de la presidenta del Parlament, de los miembro de la Mesa o de los miembros del Govern.
La Abogacía del Estado no llegó a reclamarlo en su escrito del pasado mes de julio, como sí hizo con la deducción de testimonio de Forcadell. Lo que reclamó en nombre del Gobierno fue que se requiera personalmente a todas esas autoridades para que no avancen ni un paso más en las medidas de desconexión con España. En concreto, se pedía que se les imponga «la obligación de abstenerse» de cualquier actuación en ese camino o la «prohibición expresa» de convocar a los órganos del Parlamento para debatir o tramitar medidas de desconexión. Todo bajo la advertencia de que en caso contrario se les podría suspender de sus funciones.
Sobre las nuevas facultades del Constitucional, la tesis del Gobierno vasco es que la modificación legal otorga una serie de mecanismos de ejecución al Alto Tribunal que «alteran su configuración constitucional y lo desnaturalizan, situando a la jurisdicción constitucional por encima del resto de los órganos constitucionales en claro detrimento del principio de continuo y permanente diálogo entre órganos constitucionales, que debe primar, más aún ante las situaciones excepcionales que prevé».
Pero sea cual sea la decisión final sobre la constitucionalidad de una reforma adoptada a espaldas del Tribunal, los magistrados seguirán teniendo a mano la posibilidad de proponer al TSJ de Cataluña que investigue por desobediencia a Forcadell.