ABC 09/02/17
· Anticipan un colapso si el Govern asume su función de liquidadores de impuestos
El proyecto de construcción de una Hacienda propia en Cataluña, «estructura de Estado» clave para el futuro de la república según los planes secesionistas, topará con la oposición frontal de los registradores de la propiedad, a los que la Generalitat quiere desposeer de sus actuales atribuciones como liquidadores de los principales impuestos cedidos: Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones.
Así, los registradores presentarán en los próximos días un recurso contencioso-administrativo contra la Generalitat por su decisión de adelantar del 30 de octubre al 1 de septiembre el vencimiento del convenio que mantiene con estos profesionales con el fin de asumir directamente la liquidación impositiva. El decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Luis Suárez, aseguró ayer que la Generalitat tiene derecho a prescindir de estos servicios, aunque pide que el proceso se haga «con un calendario razonable» para evitar el «caos» y salvaguardar los intereses de los contribuyentes, los trabajadores y las arcas públicas.
«Nos parece claramente ilegal el anticipo de este convenio», declaró Suárez, que cree que el colegio que representa tiene «muchas posibilidades de ganar» este contencioso, que intentó evitar «hasta el último momento», pero al que se ha visto abocado a llegar, apuntó, ante la imposibilidad de diálogo con la Generalitat, explicó en declaraciones recogidas por Efe.
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Puigdemont adelanta el vencimiento del convenio para asumir la recaudación de todos los tributos
Agencia Tributaria
El Gobierno catalán ha puesto ya en marcha el desarrollo territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña, un paso más hacia la Hacienda propia que permitirá a la Generalitat ejercer plenamente las competencias tributarias en materia de recaudación ejecutiva y de gestión de los impuestos cedidos, funciones ahora delegadas en el Estado y los registradores. La Generalitat quiere asumir este 2017 el control de los impuestos cedidos y por ello no renovará el convenio con los registradores, con el argumento de que paga unos 25 millones de euros al año por un servicio que puede desarrollar perfectamente.
En este sentido, la Generalitat se propone integrar a cerca de 300 trabajadores contratados por los registradores que se dedican a liquidar estos impuestos. El decano de los registradores recordó que estos profesionales llevan «150 años ayudando a la Hacienda catalana» y que hacen un trabajo «excelente», a la vez que lamentó que ahora sean vistos como «un cuerpo extraño» por el Ejecutivo autonómico.
Suárez expresó serias dudas de que la Generalitat pueda asumir la plena gestión de impuestos con el personal y las oficinas de que dispone, y sostiene que sus planes «solo pueden llevar al desastre». Afirmó, además, que la asunción de este servicio costará anualmente al Govern unos 50 millones de euros, el doble de lo que paga ahora a los registradores. «Nosotros costamos la mitad y recaudamos el doble», señaló Luis Suárez, que consideró que «ningún país sensato prescinde del conocimiento y la capacidad» de un colectivo profesional como el suyo.
«Nos necesitamos unos a otros para que ni las arcas de la Generalitat ni los contribuyentes sufran», añadió el decano, que hizo hincapié además en el nerviosismo y la preocupación que esta situación está generando entre los cerca de 270 empleados de los registradores que están prestando servicio al Gobierno catalán.
Luis Suárez explicó también que, de acuerdo con los planes actuales de la Generalitat, el 31 de agosto por la noche el más de un millón de expedientes que están en los ordenadores de los registradores tienen que pasar a las nuevas oficinas de la ATC. «Se tiene que producir el milagro científico de que lo que está aquí esté allí», ironizó Suárez, que tachó de «ciencia ficción» pretender llevar a cabo este trasvase de información con tan poco margen de tiempo y «sin hacer daño a las arcas públicas y los contribuyentes». «Un plazo de 18-24 meses sería lo razonable», concluyó.