Conviene recordar también que, el 22 de julio, el Gobierno aprobó un proyecto de Ley de Información Clasificada que fija un plazo de desclasificación de los documentos de entre cuatro y cuarenta y cinco años en función de la clasificación (estableciendo cuatro niveles de clasificación acordes a los estándares europeos) y con posibilidad de prórroga (de quince años). Este plazo máximo de cuarenta y cinco años (o en su caso sesenta años) es el previsto para los documentos considerados de «alto secreto» por afectar a la seguridad del Estado. Aunque el Gobierno no tenía obligación de desclasificar los documentos, lo ha hecho siguiendo el criterio previsto en su proyecto de ley (el transcurso de cuarenta y cinco años).

Sea de ello lo que fuere, lo relevante no es tanto la intención que pudo guiar al Gobierno para adoptar esta medida, como los efectos derivados de la desclasificación. Realmente, lo divulgado no tiene un alto valor historiográfico. Ahora bien, lo que los documentos desclasificados confirman es la reconstrucción que del golpe de Estado había realizado hasta ahora la historiografía más solvente. Se pone de manifiesto que la intervención del rey Juan Carlos resultó decisiva para frustrar el golpe y que era para los golpistas «un objetivo a batir». El hecho de no haberle privado desde el primer momento de su libertad de actuación permitió que pudiera adoptar todas las medidas civiles y militares necesarias para frustrar el golpe. El mensaje televisado del Rey se grabó mucho antes de que el general Armada abandonara el Congreso. Los documentos confirman que la prioridad del Rey desde el minuto uno fue asegurar la cadena de mando y evitar el efecto contagio de las distintas capitanías generales.

A pesar de ello, la desclasificación no ha logrado acallar las voces que siguen insistiendo -como hizo el mismo Tejero en el juicio en el que resultó condenado- en saber «toda la verdad» sobre el golpe. Denuncian que muchos detalles de la implicación del general Armada -quien aspiraba a ser nombrado presidente de un Gobierno de unidad nacional integrado por socialistas y comunistas-, continúan sin ser aclarados. Se trata de secretos que el viejo general se llevó a la tumba. Lo que resultó probado y los documentos confirman es que Armada era un intrigante. Pero es evidente que, a la altura de febrero de 81, el Rey ya había propuesto al Congreso a Calvo Sotelo como candidato a la Presidencia del Gobierno. Y no existe un solo indicio de que se planteara la posibilidad de reemplazarlo por Armada. En definitiva, ninguno de los flecos o cabos sueltos del golpe afecta al hecho indiscutible de que, con su actuación, el rey Juan Carlos salvó la democracia. Creo oportuno reproducir la advertencia formulada por Juan Francisco Fuentes, autor de un libro clave e imprescindible sobre el golpe: «Es aconsejable (…) romper con una inercia mental que nos lleva a creer que la existencia de preguntas sin respuesta denota la falsedad de una historia cuando la realidad es exactamente la contraria: si todas las piezas encajan, si no queda ni una sombra de duda, podemos tener la seguridad de que la historia que se nos cuenta es falsa».

Tras la desclasificación de la semana pasada cabe formular una doble consideración. La primera, que se debe elaborar y aprobar -con el necesario consenso parlamentario- una nueva ley de secretos oficiales que establezca la desclasificación automática de documentos pasado cierto plazo. La segunda, que en 1980 ETA perpetró 95 asesinatos. La criminal escalada terrorista fue uno de los principales detonantes de todas las intentonas golpistas. Y, a día de hoy, muchos de esos crímenes siguen sin resolver. A diferencia de lo ocurrido respecto al 23-F, la investigación y esclarecimiento de estos asesinatos es un imperativo moral que la sociedad española tiene pendiente de cumplir.