EL CONFIDENCIAL 15/05/17
· Una respuesta parlamentaria muestra cómo desde 2011 ha habido 55 funcionarios que se han quitado la vida por los 13 que la han perdido mientras trabajaban
Durante la época en que la banda terrorista ETA estaba activa, 183 miembros de la Policía Nacional fueron asesinados por la organización armada. Desde que esta abandonó las armas, el número de agentes de la institución que han perdido la vida en acto de servicio ha disminuido drásticamente. Según datos proporcionados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado socialista Antonio Trevín, desde 2011, primer año sin actividad asesina de la banda, han muerto en el transcurso de su labor policial 13 agentes.
En concreto, en ese primer 2011 no hubo ningún funcionario del cuerpo fallecido en acto de servicio; en 2012, cuatro; en 2013, cero; en 2014, tres; en 2015, cinco, y en 2016, uno. De los cuatro que perdieron la vida en 2012, tres son los denominados héroes de Orzán, los policías que en enero de ese año acudieron al rescate de un joven eslovaco que había sido engullido por el mar mientras estaba de fiesta. Los agentes acudieron a la playa coruñesa junto a varios compañeros tras ser requeridos por los amigos de la víctima. Seis funcionarios hicieron una cadena humana para intentar salvar al joven, pero una ola gigante separó a los agentes y se tragó a los que estaban más cerca.
Javier López, Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor, que serán recordados como héroes en toda Galicia, fueron homenajeados por la policía y su muerte provocó un auténtico vuelco en el corazón de sus compañeros, que veían reflejados en su ejemplo los valores de la institución. Dos años después, otro suceso conmocionó al cuerpo: uno de los tres agentes que perdieron la vida en acto de servicio en 2014 fue Vanessa Lage Carreira, de 36, que murió tras ser disparada por el atracador de un banco, también fallecido en el intercambio de tiros.
La cifra de 13 policías muertos en acto de servicio, sin embargo, representa apenas una cuarta parte del número de funcionarios que dijeron adiós a sus vidas de forma voluntaria. En los mismos años, entre 2011 y 2016, se suicidaron 55 miembros de la Policía Nacional. Los dos últimos años fueron los más tristes, con 11 y 10 funcionarios que decidieron quitarse la vida, según refleja también una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a otra pregunta del mencionado diputado Trevín.
Desde el año 2000, como aparece en la misma contestación del Ejecutivo en el Congreso, 140 policías se han suicidado, tres más de los que anunció El Confidencial hace seis meses. El problema es abordado con enorme discreción dentro de la institución, que no habla públicamente del asunto, al entender que eso puede generar un efecto llamada y provocar más sucesos desagradables. Algunos sindicatos, sin embargo, piensan lo contrario y consideran que es necesario coger el toro por los cuernos, abrir el debate, buscar las causas y publicitar abiertamente herramientas que la Dirección General de la Policía ponga a disposición de las personas en riesgo de cometer estos actos.
Según explicó el pasado junio —tras el suicidio de otro agente que se había atrincherado en un restaurante en Alcobendas (Madrid)—, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, es necesario hablar públicamente del tema para tomar conciencia de un problema que a su juicio no está siendo bien enfocado por el Ministerio del Interior, que no dispone de protocolos de prevención dirigidos a detectar precozmente los casos de funcionarios en riesgo de acabar con su vida. Según Cosío, tanto Mossos d’Esquadra como Ertzaintza y Guardia Civil cuentan ya con estos sistemas de detección y con grupos de psicólogos disponibles las 24 horas para atender cualquier demanda al respecto.
Estos equipos de trabajo, aseguran desde el SUP, han provocado de hecho que descienda el número de suicidios en las mencionadas corporaciones, cosa que no está ocurriendo en la Policía Nacional, según denuncian. Los datos proporcionados por el Gobierno en respuesta parlamentaria son los primeros que se hacen públicos de forma oficial, lo que representa un mínimo avance en esta dirección.
Según los datos que extraoficialmente maneja el sindicato, la mayoría de suicidios desde el año 2000 se han registrado en Madrid, con 28 funcionarios fallecidos, seguida de la Comunidad Valenciana (16), Cataluña (13) y Canarias (8). Por provincias, Ourense es la única en la que no se ha producido en estos 16 años ningún caso de este tipo de fenómeno que, según la organización sindical, afecta por igual a las distintas categorías del cuerpo, salvo la escala superior (comisarios y comisarios principales), en la que no se han registrado casos.