Cuando el recién estrenado presidente se jactó de controlar al Ministerio Público –«¿de quién depende, eh?»– no estaba cometiendo un lapsus sino prefigurando la desviación de poder que iba a caracterizar su mandato. Por eso no es casual que lo acabe también con un acto autoritario de sometimiento de la Fiscalía del Estado, cuyo titular compromete por su parte la dignidad de la institución al aceptar una disciplina de vasallaje sin reparos. La propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Memoria Democrática constituye una evidente designación arbitraria que cierra el círculo de caprichos políticos iniciado con la creación de la propia plaza mediante una ley en la que sólo faltaba el nombre de la persona predestinada. Se trata de una decisión irrespetuosa con las formas, la ética, la estética y el decoro, una cabildada que el Gobierno inspira y respalda con la intención de situar en el entramado judicial una pieza de confianza por si las elecciones le vienen mal dadas.

Como denuncia una parte significativa del Consejo profesional, todo el asunto está contaminado por un vicio de procedimiento. Por un lado, García Ortiz era el adjunto de Delgado, su antecesora en el puesto, a quien devuelve ahora el favor de su ascenso en un bucle de favores y puertas giratorias sobre un mismo eje de nombramientos a dedo. Por otro, es tradición democrática que la convocatoria de elecciones deje en suspenso las nominaciones de cargos nuevos. Y por último, es notoria la afinidad directa y estrecha de la ex ministra y Baltasar Garzón, cuyo bufete se ha especializado en la materia que constituirá la competencia esencial de su pareja. Hay apariencia –o algo más– de concomitancia de intereses que prefigura futuros problemas en una Fiscalía expuesta desde el principio a serias dudas de imparcialidad jurídica. Justo el rasgo que caracteriza la conflictiva relación del Ejecutivo sanchista con la Administración de Justicia.

Al fondo de la cuestión subyace la estrategia preventiva de dejar incrustada en el organigrama institucional una brigada de alfiles militantes dispuestos a atrincherarse ante la muy probable caída de Sánchez. Atenuar la pérdida del poder manteniendo dentro una estructura de ‘troyanos’, una quinta columna con suficiente capacidad de sabotaje para incomodar al equipo entrante y entorpecer sus planes. Aunque el control del Tribunal Constitucional está asegurado para varios años, quedan por cubrir otros flancos. El tiempo acucia, hay prisa y sobra descaro para culminar el trabajo, si es necesario resolviendo los últimos expedientes a plumazos antes de que el relevo pueda revocarlos. La «derogación» prometida por Feijóo va a tropezar con una batería de obstáculos, y no pocos de ellos togados. En cada engranaje, un palo. Lo que empezó con un alarde de engreimiento fatuo ha de terminar en un desembarco sectario.