En las elecciones generales de octubre de 1982 el PSOE, un partido que provenía de la oposición antifranquista, alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso. La investidura de Felipe González como presidente del Gobierno ratificó que la Transición democrática había culminado con éxito.

La ultraderechista Fuerza Nueva (FN), con 108.746 votos (el 0,52% del total), fue una de los grandes derrotadas en los comicios. Blas Piñar había perdido no solo tres cuartas partes de sus apoyos anteriores, sino también su único escaño. Ahogada por las deudas, FN se disolvió el 20 de noviembre de aquel mismo año. En su discurso de despedida Piñar culpó del descalabro a la Iglesia, al Ejército, a los empresarios… “Pero también nos ha dejado solos nuestro pueblo. ¡Oh, pueblo de España!, ¿qué mal te hemos hecho para que nos hayas respondido así?”

Muchos males. Piñar y su partido habían intentado interrumpir la Transición para restablecer una dictadura. Lo habían hecho por cauces legales, pero simultáneamente habían ejercido de agentes de radicalización por medio de un discurso de la nostalgia y el odio. En consecuencia, FN, su brazo juvenil (Fuerza Joven) y sus escisiones se convirtieron en uno de los principales focos del terrorismo de extrema derecha durante los años del cambio. Según los cálculos de la historiadora Sophie Baby, personas vinculadas a Fuerza Nueva y a su entorno fueron responsables de 85 acciones violentas entre 1975 y 1982. Algunas de ellas causaron víctimas mortales: Andrés Fraguas, Andrés García Fernández, José Luis Alcazo, Yolanda González, Vicente Cuervo…

A finales de 1982 la victoria socialista y la autodisolución de Fuerza Nueva conmocionaron al sector más exaltado de sus juventudes. En Madrid exmiembros de Fuerza Joven crearon la Legión de San Miguel Arcángel para, reza la sentencia judicial, realizar “actos que subvirtiesen el orden constitucional del estado social y democrático de derecho por medios violentos”. Fueron desarticulados antes de cometer delitos de sangre.

Sus homólogos vallisoletanos fueron más lejos. Exmilitantes de Fuerza Joven constituyeron los Grupos de Acción Nacional-Sindicalista de 28 de octubre para perpetrar atentados contra las autoridades locales, como el alcalde y el gobernador civil, ambos del PSOE, con el fin de desestabilizar la democracia parlamentaria. La primera operación de uno de sus integrantes fue amenazar de muerte al propietario de un bar que le había echado.

Otros dos, José Carlos Bravo del Amo y José Carlos Ramos Mateo, se comprometieron a proveer de armas de fuego a la banda. El 5 de diciembre de 1982 entraron en el taxi de Salvador Sampedro de Dios y le pidieron que los llevara desde Valladolid a Salamanca. Habían recorrido ya unos kilómetros cuando el chofer les preguntó si llevaban dinero para pagar el servicio. La respuesta de uno de los jóvenes fue asestarle un navajazo en el cuello. Como Sampedro no falleció en el acto, los ultras pararon para fumar un cigarro y discutir qué hacer con él. Decidieron cruzar la línea invisible. Sacaron al herido del vehículo, lo dejaron en la calzada y lo atropellaron con su propio taxi hasta matarle. Sampedro estaba casado y tenía un hijo.

Los terroristas se desplazaron al chalé de un familiar en Aldeavieja de Tormes (Salamanca), donde sustrajeron un rifle y un revolver. No tardaron en utilizar aquellas armas. En la noche del 20 al 21 de diciembre robaron un automóvil a punta de pistola. Querían asaltar un banco, pero se detuvieron en una gasolinera de Herrera de Pisuerga (Palencia). Además de robar la caja del establecimiento (15.000 pesetas), obligaron al único empleado, Severino García García, a subirse al coche. Más adelante detuvieron el motor, condujeron a García por un camino de tierra y le dispararon por la espalda.

Los terroristas cambiaron de planes y se dirigieron a Santander. El conductor se quedó dormido y sufrieron un accidente, siendo hospitalizado uno de ellos. La Guardia Civil les seguía la pista, por lo que, sabiéndose sospechosos, en enero de 1983 se entregaron en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid. En mayo la Policía detuvo a los otros cinco miembros del grupúsculo terrorista. En junio de 1984 la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a Bravo del Amo y Ramos Mateo por dos robos con homicidio. Al primero a 60 años de cárcel y al segundo, que era menor de edad en el momento de los hechos, a 47.

La extrema derecha fracasó. No consiguió detener el reloj de la historia ni resucitar a Franco. No obstante, las consecuencias de sus actos de violencia fueron brutalmente reales. El terrorismo ultraderechista y parapolicial causó 62 víctimas mortales durante la Transición. A ellas y a sus familias, que a menudo no fueron amparadas como necesitaban por las instituciones, les debemos justicia, memoria y reparación. Si bien se ha avanzado en esa dirección, todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Gaizka Fernández Soldevilla es el responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.