Los vascos creen que la prioridad para la paz es que ETA entregue las armas

Los vascos creen que lo que más ayudaría en este momento a consolidar la paz definitiva y la convivencia en Euskadi es que ETA se disuelva y entregue las armas. Así se desprende de los datos del último Sociómetro del Gobierno vasco, dado a conocer ayer y centrado en las «expectativas» en torno al nuevo Ejecutivo de Iñigo Urkullu, una primera encuesta para tomar el pulso a la calle que los gobiernos tienen por costumbre encargar al tomar posesión y que los servicios de prospección sociológica del actual han decidido hacer pública. El sondeo –con una muestra de 2.201 personas entrevistadas a domicilio entre el 31 de enero y el 7 de febrero, apenas mes y medio después de la toma de posesión de Urkullu– se realizó antes de conocerse la decisión del Gobierno noruego de expulsar de Oslo a la cúpula de ETA ante las nulas posibilidades de que diera pasos hacia su desarme a corto plazo.

Los encuestados, a quienes se pidió que valoraran de 0 a 10 la importancia de determinados hechos «favorecedores» de la paz, dieron la máxima puntuación media –un 8– a que la banda desaparezca definitivamente, un año y medio después del anuncio del cese definitivo de la violencia. Además, los ciudadanos concedieron al desarme una importancia similar independientemente de su ubicación en el espectro político: los de EH Bildu se quedaron en un 7,7 y los de UPyD marcaron la ‘nota’ máxima con un 8,5. El reconocimiento de «todas» las víctimas, con un 7,5 y la apertura de un proceso de diálogo «liderado por el Gobierno vasco» con todas las fuerzas políticas y sociales, con un 7,4, son los siguientes en la lista.

De hecho, cuando se pregunta por los «agentes que deberían intervenir en el proceso» de paz, el Ejecutivo gana por goleada con un 92% de respuestas afirmativas. Por este orden, la sociedad vasca pide además la implicación de los partidos, el Gobierno español, las víctimas de ETA, los mediadores internacionales y, por último, la propia banda terrorista y sus presos, que son tomados en consideración como parte del camino hacia la paz por un 58% y un 49% de los vascos, respectivamente. Es significativa también la aceptación del reconocimiento del derecho a decidir, con un 7,1 de ‘nota media’, como factor facilitador de la paz, lo mismo que la petición de perdón de ETA a sus víctimas (6,9). Apenas sobrepasan el 6 el acercamiento de presos, el traspaso a Euskadi de la competencia de prisiones y la reinserción.

El Gobierno ha preguntado a los ciudadanos por los tres ejes sobre los que ha decidido vertebrar su actividad. Además del mencionado de la paz y la convivencia, ha recabado opiniones también sobre las demandas y expectativas de la población en torno al autogobierno y, por supuesto, sobre la adversa situación económica, que condiciona, con una intensidad nunca vista hasta ahora, las preocupaciones tanto sociales como personales de los vascos. En el apartado del modelo de Estado y el grado de autonomía de Euskadi, un 64% se declara partidario de que se convoque una consulta –el Gobierno la había fijado en 2015, aunque hace tiempo que la fecha se ha difuminado– sobre estas cuestiones, una opción a la que se cierra, en cambio, una cuarta parte de la población.

Satisfacción con el Estatuto
Además, cuatro de cada diez vascos creen que alcanzar mayores cotas de autogobierno «favorecería» la convivencia, un porcentaje solo ligeramente inferior al 46% que piensa que sería también positivo para la economía vasca. Las preferencias en cuanto al modelo de organización del Estado se mantienen más o menos estables: el 37% apuesta por el actual Estado autonómico, un 23% se decanta por un Estado federal con ma-

yores competencias para las comunidades autónomas y otro 23% pide que se reconozca el derecho de las autonomías a optar por la independencia. En todo caso, la mayoría de los vascos –el 59%– está satisfecha con el Estatuto de Gernika, aunque la mitad de éstos apostillan la necesidad de que se complete con las transferencias aún pendientes. De hecho, ésa es ahora la principal reclamación del Ejecutivo, que ha dejado en ‘stand by’, aunque no aparcada, la del nuevo estatus político.

El estudio refleja también un desolador panorama económico. Más del 60% de los vascos reconoce que su poder adquisitivo se ha visto mermado en el último año. Nada menos que un 41% de los encuestados dice haberse quedado en paro en los últimos dos años o haber visto cómo un familiar perdía el empleo. Un porcentaje similar reconoce tener el salario congelado y otro 61% dice haber sufrido o bien recortes en el sueldo o bien una disminución forzosa de su jornada.

Con ese panorama, no es de extrañar que los principales problemas de los vascos sean los ligados al mercado de trabajo, a la economía y a la vivienda y los desahucios. Se cuela, en tercera posición, la política como problema social y en quinto lugar «el fraude y la corrupción». En conscuencia, se exige al Gobierno, sobre todo, que se fije como objetivos prioritarios la lucha contra el desempleo (78%), la gestión de la crisis (31%) y el combate contra la corrupción (20%).