EL MUNDO 21/02/13
· Aseguran que no modificar la política penitenciaria será peor para todos.
El grupo de verificadores internacionales del «cese definitivo de las acciones armadas» de ETA ha visitado de nuevo el País Vasco tras reunirse con la banda y ha advertido al Gobierno de que es peligroso que se produzca un «fin desordenado» de la organización terrorista. Para evitarlo, impelen al Ejecutivo a «dar pasos» sobre la situación de los presos tras compartir impresiones con el PSE, el PNV, la izquierda abertzale, los empresarios y los sindicatos vascos y, por primera vez, con un lehendakari. Aclaran que Iñigo Urkullu no se ha comprometido a trasladar sus peticiones al presidente Rajoy, pero que comparte con él sus inquietudes.
En una entrevista realizada por teléfono, su portavoz, Ram Maninkkalingam, se resiste una vez más a ofrecer datos sobre quiénes son sus interlocutores. «Estamos en contacto con personas que podrían tomar decisiones para la organización», y las reuniones son las «suficientes para saber lo que pasa».
Y lo que está pasando es que ETA no se mueve y los verificadores pretenden superar esta situación. «Ha cumplido con sus compromisos sobre la declaración del fin de la violencia, pero durante muchos meses no ha habido pasos positivos hacia la consolidación de la paz. Nosotros estamos preocupados porque hay una oportunidad ahora para acabar completamente con la violencia, también la que pueda surgir en un futuro, y es importante que alguien o todos den algún paso para poder avanzar».
Manninkalingam precisa que cuando habla de violencia futura no se refiere a que ETA vuelva a atentar ni a que pueda haber una escisión, sino a que su fin puede darse de una forma ordenada o desordenada.
«Para que sea ordenado se han de dar pasos en cosas como el desarme, las víctimas o los presos (las tres condiciones para la consolidación de la paz); no necesariamente de forma negociada, pero sí de forma coordinada», señala. «Y un fin desordenado es también un tipo de fin, pero es un fin en el que no hay una situación clara para los temas aludidos, y la existencia de un grupo armado con miembros, zulos y arsenales puede ser un problema», «es peligroso».
Cuando se le pregunta qué le parece que Txeroki, en nombre de ETA, se haya limitado a decir que siente los «daños a quienes no tienen responsabilidad en el conflicto», asegura que no ha visto la esa intervención y que prefiere no comentar. Cuando se le pregunta si es cierto que los interlocutores de ETA se ponen tensos cuando se les anima a avanzar, sobre todo en el asunto de la entrega de armas, se niega a pronunciarse porque, aunque hablan con los terroristas «francamente y sin censura», los verificadores no están «ejercitados» para esos asuntos, que corresponden a una fase posterior, aunque se sienten concernidos porque su función acabará cuando esa fase empiece. Así pues, oficialmente, no tienen competencia para hacer otra cosa que no sea comprobar que ETA no atenta, pero ante la resistencia mostrada por la banda afirman que «cuanto antes se aborde el tema mejor para todos; bueno para el País Vasco y para el Estado».
Le hago notar que el Gobierno ya ha sugerido que la condición previa para todo es que ETA se disuelva, que deben ser los terroristas los que den todos los pasos y que, en todo caso, quienes salen realmente perjudicados con el «fin desordenado» son los etarras que pueden verse divididos y debilitados. «Será peor para todos», insiste, «no se producirá un reconocimiento adecuado del dolor causado a las víctimas y tampoco habrá un cambio en la política penitenciaria que perjudica a los presos, pero también puede ser incómoda para el Estado español». Para que no haya dudas sobre su postura, argumenta que «la política internacional de derechos señala que es bueno que los presos estén lo más cerca posible de sus familias y conviene cumplirla». Los verificadores se dan de plazo hasta septiembre. Si nada ocurre, se replantearán su trabajo.
EL MUNDO 21/02/13