EL CORREO 18/02/14
· La banda anunciará, coincidiendo con la visita del grupo de Manikkalingam, parte de sus planes para entregar las armas.
La clave es el próximo viernes, 21 de febrero. Es la fecha en la que la Comisión Internacional de Verificación (CIV) encabezada por Ram Mannikalingam desembarcará en Euskadi, donde tiene previsto desplegar una intensa agenda de reuniones y contactos con partidos, instituciones, sindicatos y organizaciones sociales. No obstante, esta nueva visita del comité internacional encargado de certificar la autenticidad de la entrega de armas por parte de ETA augura, esta vez, un anuncio de calado de la banda, que podría llegar, muy probablemente, el mismo viernes o bien en alguna fecha inmediatamente anterior o posterior. Según todas las fuentes consultadas y según la impresión generalizada en círculos políticos, institucionales y de la lucha antiterrorista, los etarras darán un paso «decisivo» hacia su desarme esta misma semana.
ETA aprovechará la visita de Mannikalingam y su grupo para anunciar un «gesto» cualitativamente novedoso que los verificadores corroborarían y avalarían de algún modo o incluso contribuirían a anunciar. Fuentes de la lucha antiterrorista citadas por Efe apuntan, incluso, que los propios verificadores habrían sido autorizados por la organización terrorista para dar a conocer su plan para el desmantelamiento de sus zulos y arsenales y viajarían a Euskadi con esa encomienda específica.
Un paso al frente de ETA que sería, en cualquier caso, la continuación lógica de su último comunicado, hecho público el pasado 8 de febrero a través del diario ‘Gara’, en el que, además de anunciar próximos contactos con la comisión promovida por el Foro Social para impulsar el proceso –integrada, entre otros, por la jueza Garbiñe Biurrun–, avanzaba «aportaciones significativas sin tardar». Esa críptica declaración de intenciones evitaba rigurosamente hablar de desarme y por eso fue recibida con cierto desdén por partidos e instituciones, que apremiaron a la banda a demostrar ya con «hechos» su voluntad de entregar las armas – en el caso del Gobierno vasco y el PNV– o directamente le exigieron que certifique sin más dilaciones su disolución total y definitiva.
Aunque es una hipótesis con la que también se ha especulado, parece muy poco probable que ETA, que está ejecutando una larga coreografía pública hacia su adiós definitivo dos años largos después del anuncio del cese de la actividad armada, decida ya desaparecer de escena. La incógnita es qué alcance tendrá el inminente gesto de desarme de la banda, si será meramente simbólico o tendrá la fuerza –y claridad– suficiente como para que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda valorarlo positivamente, por más que siga exigiendo a la banda que se disuelva y renuncie a cualquier tutela sobre el asentamiento de la paz.
No prestarse al «teatro»
De hecho, para el Gobierno vasco, que ha exigido en reiteradas ocasiones a ETA su desarme inmediato, la clave es que el inminente anuncio de la banda no esté sujeto a posibles interpretaciones. Un pronunciamiento lo suficientemente claro e inequívoco podría allanar el camino, de hecho, al acuerdo de mínimos para gestionar el fin de ETA de la mano del Gobierno central y del PSOE que anhela Urkullu –una especie de pacto tácito para no utilizar el cierre de la etapa terrorista como arma arrojadiza ni con fines electorales– y podría abrir la puerta a la flexibilización de la política penitenciaria dentro del actual marco legal que el lehendakari demanda. De momento, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dio ayer una respuesta de manual a las crecientes especulaciones sobre el desarme de la banda: «El Gobierno solo espera un comunicado, que es el de la disolución. La época del teatro ya ha pasado y no nos vamos a prestar a darle publicidad». El lehendakari Urkullu, en cambio, dio la bienvenida a la escenificación del aval de los verificadores si sirve para acelerar el fin definitivo del terrorismo, –que, según dijo, no estará exento de «obstáculos y agonías»–, con una argumentación demoledora: «ETA necesita también cobertura para dar los pasos que reflejan el fracaso de su propia historia».
Sobre esa posible puesta en escena, se barajan varias opciones. La más extendida apunta a que la banda podría haber facilitado ya a la comisión encargada de certificar su desarme la ubicación de varios de sus zulos para que den a conocer esas coordenadas a las fuerzas de seguridad. Incluso, se especula con la posibilidad de que la banda haya grabado un vídeo en el que sus miembros aparecerían sellando varios de esos depósitos de armas, una escenificación muy gráfica de su determinación de no volver a empuñar las pistolas. Otra opción es que ETA se limite a a anunciar su intención de desarmarse, sin mayores concreciones, o que detalle los pasos a dar en ese proceso. También cabe la posibilidad de que añada, en este comunicado o en uno posterior, un reconocimiento expreso del sufrimiento que ha provocado durante décadas de actividad terrorista.
A la espera de que el nuevo capítulo del final de ETA se concrete, el lehendakari Urkullu sigue presionando públicamente para que la denominada ‘vía Nanclares’ –que implica que los presos de la banda se acojan de forma efectiva e individual a las vías de reinserción legalmente previstas, tras reconocer el daño causado y asumir su responsabilidad con las víctimas– sea cuanto antes una realidad, auspiciada y «activada» también por el Gobierno central.
Tras la entrevista publicada en ‘Gara’ de los portavoces oficiales del EPPK, Marixol Iparragirre y Jon Olarra Guridi, en la que anunciaban su intención de dar pasos para solicitar su acercamiento a cárceles vascas sin exceder el límite de su «dignidad política y militante», el lehendakari les apremió ayer en ‘Onda Vasca’ para que inicien ya las gestiones individualizadas ante instituciones penitenciarias para asumir «el daño injusto causado» y «reparar» a las víctimas. En la citada entrevista, el colectivo oficial de presos etarras exigía su traslado y reagrupamiento en la cárcel alavesa de Zaballa pero evitaba anunciar el recorrido exacto que emprenderá cada penado. Sobre el reconocimiento del dolor provocado, subrayaban que el EPPK ya lo asumió «claramente» en su pronunciamiento del pasado 28 de diciembre. «Hemos mostrado la disposición a afrontar el tema de la responsabilidad en un proceso con suficientes garantías», apuntaban.
EL CORREO 18/02/14