Los verificadores se sienten legitimados para seguir aunque su credibilidad esté «tocada»

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) seguirá con su labor de supervisión del desarme de ETA. Así se lo transmitió ayer el portavoz de este grupo, Ram Manikkalingam, al Gobierno vasco y a los principales partidos de Euskadi, según fuentes de estas formaciones. Los verificadores creen estar «legitimados» para continuar con su trabajo tras las muestras de «respaldo» que han recibido durante el fin de semana.

A pesar de la citación para declarar en la Audiencia Nacional y el flojo gesto realizado el viernes por la banda terrorista, a los miembros de la comisión les ha llenado ver que tanto el lehendakari como el PSE –han estado en contacto «permanente» con Rodolfo Ares– ofrecían en público un cerrado apoyo a la CIV. Urkullu, desplazándose a Madrid para reunirse el domingo de nuevo con ellos; el PSE, con una nota de prensa en la que subrayaba el «prestigio» de este grupo de expertos y alababa su «actitud» en el camino a «propiciar las condiciones para la desaparición definitiva» de ETA.

Manikkalingam y su equipo reconocen que su credibilidad ha quedado «tocada» y que a partir de ahora será más difícil desarrollar su trabajo. Los componentes de la CIV ya reconocían el viernes, antes de todo el episodio de la Audiencia Nacional, que les había resultado muy complicado certificar el primer gesto de desarme de ETA que, según su declaración del domingo ante el juez, se efectuó en Toulouse. Tratar con una organización que aún se mueve en la clandestinidad les obligó, según su testimonio, a extremar las medidas de seguridad ante el temor a ser detenidos. Unas cautelas que, según consideran, la organización terrorista multiplicará antes de convocar un nuevo encuentro con los verificadores.

Ayer mismo, por la mañana, Manikkalingam, en una nota distribuida a los medios de comunicación, reconocía que «es extremadamente difícil, si no imposible», realizar su labor de supervisión del sellado de zulos en la situación de presión que existe en la actualidad. Una afirmación que hacía temer por su continuidad, pero que los verificadores despejaron en conversaciones posteriores con los partidos vascos, como ha podido atestiguar este periódico.

Los miembros de la CIV, que no han apreciado una especial dureza por parte del juez Ismael Moreno, han estado también muy atentos a los pronunciamientos que ha realizado el Gobierno de Mariano Rajoy. Tienen la sensación de que el Ejecutivo central, sin apoyarles abiertamente, sí les está «dejando hacer». Son conscientes de que la banda terrorista está «infiltrada» y sometida a un fuerte control policial por lo que entienden que, si hubieran querido, las fuerzas de seguridad les habrían detenido a finales de enero durante la cita que mantuvieron con tres miembros de ETA para grabar el vídeo que el viernes emitió la televisión pública británica. Sin embargo, no fue así.

Tampoco han visto en las palabras del ministro Jorge Fernández Díaz un ataque directo a su trabajo. El titular de Interior advirtió ayer que «el Estado de Derecho no está en suspenso» y que tanto la Policía como la Guardia Civil seguirán deteniendo etarras mientras la banda no se disuelva y entregue todas las armas. Pero no aludió directamente a la comisión. Ni ayer, ni el pasado viernes. Otra cosa diferente son las declaraciones que han realizado desde el PP, que ha atacado con dureza a los verificadores. Ayer mismo, la ‘número dos’ de la formación, María Dolores de Cospedal, calificó la labor de la CIV de «tomadura de pelo», «vodevil» y «falta de respeto a la inteligencia del pueblo español».

Los mediadores pretenden, no obstante, regresar al anonimato en las próximas semanas. Volver a hacer su trabajo con discreción y evitar el protagonismo que han tenido en los medios de comunicación durante los últimos días. Buscando la

fórmula para avanzar en un sellado de arsenales que se prolongará durante «años» y que ETA deberá continuar de forma independiente. No pretenden protagonizar nuevos actos como el del viernes hasta que el desarme esté «bastante avanzado».

Como ya adelantó este periódico el domingo, la banda no tiene previsto realizar ningún movimiento de calado hasta después de las elecciones europeas del 25 de mayo. La CIV, de hecho, obligó a la cúpula etarra a adelantar el gesto difundido el viernes, porque ésta pretendía acercarlo lo más posible a los comicios. No se descarta, sin embargo, que la banda dé a conocer un comunicado en el que analice el actual escenario y reitere su apoyo a la comisión. Algunas fuentes creen que el texto podría ir acompañado de un nuevo vídeo con las imágenes del sellado de un zulo.

«Oportunidad genuina»
La CIV reconoció, no obstante, las dificultades con que se está encontrando para desarrollar su labor sin el apoyo ni del Gobierno español ni del francés. A través de la nota de prensa divulgada por la mañana, Manikkalingam criticaba el comportamiento de los ejecutivos de Mariano Rajoy y François Hollande al asegurar que «en ningún lugar del mundo» se ha visto otro caso igual en el que las instituciones no colaboren en el desarme cuando una organización terrorista inicia un proceso de este tipo de manera unilateral.

«Los debates y las discusiones sobre cómo se llevó a cabo la primera puesta fuera de uso y sobre la cantidad de armas y material inutilizados olvidan el objetivo de fondo», advertía el portavoz, para quien «existe una oportunidad genuina para asegurarse» de que ETA pondrá «todos» sus arsenales «fuera de uso de manera verificable». Instó «a los gobiernos, líderes políticos y ciudadanos» a decidir las «maneras en que se pueda asegurar» que la banda «continúa de forma unilateral un proceso irreversible».