DECÍAMOS el pasado lunes que el acuerdo de gobierno entre el PSE y el PNV tiene la virtualidad de empujar hacia la moderación al nacionalismo vasco, pero que también encierra algunos peligros importantes. Reiteramos ese análisis tras conocer el documento de más de 70 folios rubricado ayer en el Parlamento vasco.
Las dos partes invitaron a las demás formaciones a sumarse, subrayando que se trata de un texto «abierto» a las aportaciones y que lo que se busca es un gran pacto «por encima de las barreras ideológicas». Como se recoge en el acuerdo, se creará una ponencia en la Cámara vasca para redactar un nuevo Estatuto, que debería estar concluido en el plazo de ocho meses.
Los dos puntos más importantes del documento son el reconocimiento de Euskadi como nación y del derecho a decidir en el marco del «ordenamiento jurídico vigente en cada momento». Ello puede ser interpretado como que será necesaria una reforma de la Constitución para poder dar encaje legal a esas pretensiones. Y hay que recordar que el cambio de la Carta Magna necesita del consenso del PP y del PSOE para alcanzar la mayoría reforzada que se exige.
La virtualidad más positiva de este pacto es que el PNV, a diferencia de la vía catalana, opta por plasmar sus reivindicaciones históricas en conformidad a la legalidad vigente, lo cual dice a favor del pragmatismo de Iñigo Urkullu y el resto de dirigentes del partido.
Hay que resaltar este aspecto que contrasta con la actitud del nacionalismo catalán, que ayer volvió a ofrecer un triste espectáculo en Madrid, a pocos metros de la sede de la soberanía nacional. Puigdemont, Mas, Junqueras y otros líderes de Junts Pel Sí desafiaron abiertamente la legalidad al amenazar con represalias por la decisión del Congreso de permitir que Francesc Homs, ex consejero y portavoz de la antigua Convergencia, sea procesado por no obedecer una sentencia del Tribunal Constitucional. Sencillamente una actitud impresentable y que corrobora que los independentistas creen que las leyes y las sentencias de los tribunales son papel mojado.
El nacionalismo vasco no se halla en esa deriva y, por ello, es positivo que el PSE haya llegado a un acuerdo para gestionar tres carteras, aunque de escaso peso político, en el Gobierno que va a presidir Urkullu. Las experiencias pasadas acreditan que los pactos entre estas dos formaciones han favorecido el clima de convivencia en el País Vasco.
Pero el pacto suscrito ayer supone también la aceptación del PSE de asumir el debate sobre el derecho a decidir, lo cual supone cruzar una línea roja peligrosa porque el PSOE nunca ha reconocido que las comunidades puedan tomar decisiones que afectan a la soberanía nacional.
El pacto del PSE con el PNV ha sido negociado a espaldas de la Comisión Gestora, aunque es probable que finalmente sea avalado por ella. Pero es evidente que hay algunos barones socialistas que se sienten molestos por esta concesión, aunque Idoia Mendia y los dirigentes vascos subrayan que el acuerdo supone actuar dentro de la legalidad vigente.
No dudamos de la buena voluntad de los socialistas vascos, pero existe un riesgo real de que los trabajos de la ponencia en la Cámara vasca puedan desarrollarse por cauces que escapen al control de los partidos que defienden la Constitución.
Lo que estamos diciendo es que Bildu y Podemos pueden intentar llevar el agua a su molino y arrastrar al PNV a posiciones que supongan una vulneración del ordenamiento vigente. Es lo que ya sucedió en Cataluña cuando la reforma del Estatuto impulsada por Pasqual Maragall se transformó en un proyecto que sobrepasaba la Constitución española en decenas de artículos.
Esto no debería suceder en el País Vasco, en el que ciertamente la situación política y la actitud del PNV es distinta. Pero no hay nadie que pueda garantizar cómo acaban los trabajos de reforma del Estatuto, que siempre tendrían que ser refrendados por el Congreso de los Diputados.
No hay que ponerse la venda antes de la herida, pero sería ingenuo desconocer las sombras e incertidumbres que comporta este pacto.