Tonia Etxarri-El Correo

Con el freno a los Presupuestos con el que los diputados de Puigdemont en el Congreso quisieron escenificar la fragilidad del gobierno de la Moncloa para boicotear la negociación sobre la investidura del socialista Salvador Illa, Pedro Sánchez se presentó ayer en Barcelona. ERC le había exigido gestos previos a la firma del pacto como la liquidación de la deuda de Cataluña y la soberanía fiscal. Y más. Porque ERC, que no sabe cómo contener las fugas que los críticos le están abriendo en pleno pulso negociador, insiste en que no sólo quiere la caja de la financiación singular sino la llave de la caja para hacer de su cupo imaginario, un sayo.

Pero el posado con el presidente en funciones, Pere Aragonés, como contrapunto a la humillación que le había causado 24 horas antes Junts per Catalunya tumbando la ley de extranjería y la tramitación de los Presupuestos, supone, en el fondo, una reacción de corto recorrido. Porque ni socialistas ni republicanos pueden controlar al principal elemento distorsionador de esta entente que no es otro que Puigdemont. ERC quiere la llave de la caja pero la llave del Congreso la tiene Junts.

¿Puigdemont estará dispuesto a volar la legislatura para impedir que Illa resulte investido presidente de la Generalitat? El prófugo ya ha demostrado que no tiene problema en coincidir en las votaciones con el PP y Vox. Ningún cordón sanitario. Ningún muro. Cero reparos.

La entrevista de Pedro Sánchez, mañana, con el lehendakari Pradales se enmarca en su necesidad de fortalecer vínculos estables con los socios que no le van a llevar a situaciones límite. Y al PNV, en el Congreso, lo había mantenido en segunda fila dando prioridad al grupo de EH Bildu. Por eso, como avanzadilla del encuentro en Ajuria Enea, un regalito sobre la mesa: el acuerdo para que la Ertzaintza vigile puertos y aeropuertos, aunque la Guardia Civil y la Policía Nacional seguirán controlando las fronteras ¿Quiere eso decir que se traspasan competencias exclusivas del Estado? No. Se trata de que la comunidad autónoma vasca ejecute la legislación del Estado en puertos y aeropuertos calificados de interés general. Una especie de delegación de funciones. Y todos tan contentos menos los sindicatos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ven en esta cesión una progresiva desaparición de la imagen del Estado en la comunidad vasca.

Si el momento judicial que Pedro Sánchez está atravesando, con la investigación contra su esposa, es especialmente delicado, no le va mejor en la estabilidad del Gobierno. Ya son 32 las derrotas parlamentarias acumuladas durante este mandato. No puede alardear de alianzas sólidas. Ni de legislatura porque no se ha legislado más allá que la amnistía. No habrá Presupuestos porque Puigdemont lo impide. Y el Gobierno está en plena cruzada contra el Poder Judicial. Hasta la Comisión Europea ha expresado su preocupación por la «presión indebida» por parte del Gobierno contra los jueces que no le favorecen. Se ha encendido una luz roja en la Moncloa.