Comienzan las comparecencias previstas en la ponencia del Parlamento vasco para definir las bases del acuerdo que debe alumbrar la nueva Ley Vasca de Educación prometida por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Hasta el 22 de diciembre, un variopinto plantel de casi un centenar de personas consideradas suficientemente expertas por los distintos grupos políticos, algunas en representación de sus organizaciones y otras desde un punto de vista exclusivamente personal, expondrán sus ideas ante los seis miembros de la comisión e intentarán arrojar luz sobre el escenario educativo vasco y sus problemas actuales.

Falta aún la claridad que proporcionen los últimos datos de los estudios internacionales y propios realizados desde 2016, algunos de los cuales ha desvelado el propio consejero de Educación en diversas intervenciones públicas desde el mes de junio, pero que todavía no han sido publicados en su integridad, pese a la petición expresa realizada desde el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU.

Aun así, ya sabemos que nuestro sistema educativo está aquejado de resultados decrecientes que muestran una grave pérdida de equidad y eficiencia. Unos resultados que lastran al conjunto de la sociedad vasca al no conseguir drenar suficiente talento, pero que muestran de forma más dramática las mayores dificultades de sus sectores más débiles para alcanzar el éxito escolar. Corresponderá al Parlamento, tras estas comparecencias y los consiguientes debates, proporcionar alternativas.

La nueva ley deberá, además, renovar las estrategias para avanzar hacia el bilingüismo más equilibrado al que aspira la mayoría de la sociedad vasca. Y lo deberá hacer con medidas eficaces, necesariamente diversas, pese a la petición de un solo modelo lingüístico de inmersión en euskara realizada por EH Bildu, y desde el respeto a la capacidad de decisión de las familias. No es casualidad que esta ponencia fuese formalmente la respuesta a la petición del grupo Popular+Ciudadanos de aclarar el enfoque gubernamental en la prevista Ley de Educación en cuanto al euskara y los centros educativos concertados.

La educación vasca se encuentra, a treinta años del Pacto Escolar perseguido y conseguido por el entonces consejero de Educación, el socialista Fernando Buesa, ante un doble reto de innovación e integración, objetivos no muy distintos de los de aquel momento, y que tienen un valor más allá del educativo, un auténtico valor social de consecución de un país cohesionado entre sí y adaptado a las exigencias del momento.

Y al igual que aquel acuerdo coincidió con el desarrollo de una nueva ley educativa estatal (la Logse), la negociación actual también coincide con el desarrollo de la Lomloe de reciente aprobación y que nuestra comunidad autónoma deberá concretar. Y todo ello en medio de un terremoto demográfico que desestabiliza el mapa escolar y la renovación de los conciertos educativos, que debe decidir si incrementa los recursos a todos los centros concertados sin excepción, independientemente del papel que cumplen.