Los independentistas no quieren perder tiempo y, ante cualquier contratiempo, aplican su mayoría en el Parlament. Ayer, en una de las jornadas más tensas de los últimos meses, Junts pel Sí y la CUP aprobaron los presupuestos de 2017, que incluyen fondos para el referéndum de independencia, a pesar de que los letrados de la Cámara habían advertido poco antes de la ilegalidad de esa partida.
El Pleno se convirtió en un vodevil cuando los servicios jurídicos del Parlament distribuyeron entre los diputados una nota, firmada por el secretario general, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, que advertía: «Consideramos que la votación de la disposición adicional 31, así como la enmienda de la CUP a esta disposición, están afectadas por la declaración de nulidad que establece el apartado primero de la interlocutoria de 14 de febrero del Tribunal Constitucional».
Pero, cuando llegó la hora de votar, los 62 diputados de Junts pel Sí y todos los de la CUP apoyaron que el Govern «habilite las partidas para garantizar los recursos necesarios» para «hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña». Ni C’s ni PSC ni PP quisieron participar en la votación tras recibir el escrito de los letrados.
Los independentistas recibieron el apoyo de Àngels Martínez, de Podemos, que rompió la disciplina de voto de su grupo «a conciencia» y sin avisar a sus compañeros.
Los servicios jurídicos del Parlament, cuya creciente incomodidad con las piruetas jurídicas del procés es cada vez más notoria, avisaban que aprobar la disposición «comportaría ignorar la advertencia que hace [el TC] respecto al deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica que directa o indirectamente contravenga la declaración de nulidad, con las responsabilidades que se derivarían en caso de no atender este deber».
Antes de la aprobación definitiva de las cuentas, el texto de los letrados había caído como una bomba en Junts pel Sí. El portavoz del grupo del Govern, Jordi Turull, desautorizó a los servicios jurídicos diciendo que su nota «no es preceptiva ni vinculante». Además, afirmó que «el Parlament es una institución soberana», que los diputados son «inviolables» y que, ante la duda legal, eligen defender sus «compromisos con los ciudadanos de Cataluña».
Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern y titular de Economía, tomó también la palabra para confirmar que el Ejecutivo mantenía las cuentas.
La CUP, que impuso la polémica disposición y condicionó la aprobación de las cuentas a que se mantuviera, desafió a los letrados. «Somos conscientes de lo que hacemos. Hemos venido a hacer política, y lo haremos sin pedir permiso, ni perdón», añadió.
La oposición intentó que la sesión se suspendiera para estudiar la nota de los letrados. Primero pidieron una reunión urgente de la Mesa, que Carme Forcadell rechazó porque «cuando el Pleno está reunido es soberano». Después solicitaron la convocatoria de una Junta de Portavoces, que la presidenta del Parlament, inflexible, también desestimó. Los independentistas no querían un nuevo retraso en su calendario.
La oposición advirtió al Ejecutivo que se estaba situando fuera de la ley. «Podemos estar traspasando el Rubicón también por parte del Govern», afirmó Carlos Carrizosa (C’s). Miquel Iceta (PSC), Joan Coscubiela (CSQEP) y Santi Rodríguez (PP) lanzaron avisos parecidos.
Pero Forcadell fue inflexible, y los presupuestos se aprobaron por 64 votos (los de Junts pel Sí y dos de la CUP) contra los 62 de la oposición.