El Gobierno acordará hoy presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra el nuevo reglamento del Parlamento de Cataluña, que permite a los independentistas aprobar en un solo día las leyes del referéndum mediante el llamado trámite de lectura única. Además, pedirá la suspensión cautelar de la norma para evitar que ese paso se produzca.
La vía libre a la presentación del recurso se la dio ayer el Consejo de Estado, que emitió por unanimidad y con la urgencia que se le había requerido el preceptivo dictamen. El máximo órgano consultivo del Estado considera que hay motivos para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma del Parlament y de todas las leyes que se aprueben apoyándose en ella.
El Constitucional podría convocar un Pleno extraordinario la semana que viene para decidir sobre la admisión a trámite del recurso. En el último Pleno, su presidente, Juan José González Rivas, pidió a los magistrados que estuvieran preparados para posibles convocatorias en el mes de agosto. La admisión a trámite del recurso, que se da por segura, acarrearía automáticamente acceder a la solicitud del Ejecutivo de suspender la vigencia de la reforma.
El temor del Gobierno es que los grupos parlamentarios que defienden la consulta unilateral anunciada para el próximo 1 de octubre –Junts pel Sí y la CUP– intenten aprobar alguna ley en los próximos días –hay dos previstas, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica–, dando así pie a que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda firmar el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O.
El Parlament, con el único apoyo de estas fuerzas políticas, aprobó el miércoles una reforma de su reglamento que permite a cualquier grupo parlamentario promover una tramitación legislativa por la vía de urgencia. Hasta ahora este procedimiento requería unanimidad. Con los cambios introducidos se acortan además los plazos y no se permite la presentación de enmiendas. Los independentistas pueden aprobar por tanto la ley del referéndum y cualquier otra destinada a la desconexión con España en solo un día.
El tiempo corre ahora a su favor. Por ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el mismo miércoles su petición al Consejo de Estado de que con carácter urgente informara sobre la posible inconstitucionalidad de las nuevas reglas impuestas en el Parlamento catalán, exactamente en el apartado 2 del artículo 135.
En el expediente que acompaña esta solicitud el Ejecutivo ya pone por escrito su intención de recurrir al TC y de pedir su suspensión, y advierte de los fines políticos que persigue el Parlament con la reforma aprobada.
También el PP y Ciudadanos han anunciado que recurrirán la reforma del Parlament al Tribunal Constitucional.
El informe del Consejo de Estado, hecho público ayer, dictamina que existen «fundamentos jurídicos» que sustentan la posible inconstitucionalidad de la reforma del reglamento de la Cámara catalana, porque «puede suponer una vulneración del derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad», expresada en el artículo 23.2 de la Constitución y 29 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En ese dictamen el Consejo explica que se le ha remitido ya «una propuesta de Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se solicita del presidente del Gobierno que promueva recurso de inconstitucionalidad». En esa propuesta se hace una «invocación expresa» al artículo conforme al cual lo que se recurre queda suspendido.
En este borrador de acuerdo del Consejo de Ministros, que previsiblemente se aprobará en su reunión de hoy, se afirma que «la finalidad declarada de la reforma es facilitar el referéndum inconstitucional de autodeterminación».
No obstante, el Consejo de Estado descarta que eso pueda fundamentar un recurso al TC. El dictamen precisa que una declaración de inconstitucionalidad no se puede basar en el uso «concreto» que se pueda hacer de la reforma, sino en que la reforma sea, «en abstracto», inconstitucional, sea para aprobar una ley vinculada a la independencia u otra cualquiera.
Lo que lleva al Consejo de Estado a respaldar el recurso es que el nuevo reglamento podría laminar el derecho a la participación política de la minoría de la Cámara.
El dictamen basa sus dudas en «la combinación de dos circunstancias». Una, que el reglamento no prevé (aunque no prohíbe) la presentación de enmiendas por parte de los grupos que discrepen. Y otra, que a la minoría también «se le haya privado de toda participación política» en la decisión de iniciar el trámite de lectura única. Este trámite se puede aprobar ahora por mayoría simple, mientras que antes el procedimiento se empleaba sólo en asuntos en los que había unanimidad.
El dictamen no es ni mucho menos rotundo. Recuerda que hasta la fecha el TC ha avalado reglamentos similares y apunta que si el reglamento catalán es inconstitucional, también lo serían los de Madrid Murcia y Valencia, que son iguales. Incluso el del propio Congreso podría tener problemas.
Además de dar luz verde al recurso de inconstitucionalidad, el dictamen recuerda otras dos vías para combatirlo. Una, que los propios grupos de la minoría presenten un recurso de amparo, algo que ya han anunciado. Y otra, que será posible recurrir a su vez cada norma que se apruebe empleando el nuevo sistema, que recibiría «el correspondiente recurso de inconstitucionalidad» con la suspensión de vigencia que lleva aparejada.
EL CGPJ FRENA A LA GENERALITAT
Informe. La Comisión Permanente del CGPJ aprobó ayer un informe que avisa a la Generalitat de que las comunidades no pueden ejercer tareas de «inspección» sobre los jueces.
Acceso a causas. El informe avala la decisión de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña de no autorizar las inspecciones de los órganos judiciales que pretendía acometer la Generalitat. El proyecto de la Generalitat preveía, entre otras medidas, el acceso a las causas que se gestionan en los juzgados de Cataluña.