Las hemerotecas guardan abundantes declaraciones de los dirigentes nacionalistas en los últimos años, especialmente de Arzalluz y de la izquierda abertzale, en las que se anticipaba la conveniencia de separar el trigo vasco de la paja española a la hora de votar.
Como todo el mundo sabe, Javier Madrazo, originario de Cantabria, fue elegido parlamentario en las últimas elecciones autonómicas y hoy forma parte del Gobierno vasco al frente de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales. La Constitución y el Estatuto le amparan para ejercer el derecho a ser candidato a un cargo público sin restricciones y a votar. Pero si cuando la familia de Madrazo se trasladó a vivir al País Vasco hubiera estado en vigor la Ley de Soberanía vasca y de relaciones con el Estado español que la pasada semana presentó Eusko Alkartasuna, es muy posible que el actual consejero de Vivienda no hubiera podido encabezar la lista de Ezker Batua-Izquierda Unida al Parlamento y ni siquiera hubiera tenido derecho a voto en esas elecciones. A menos que solicitara y le fuera concedida la ciudadanía vasca. En cambio, sí que hubiera podido votar a su hermana Julia como candidata municipal.
Hace ya tres años, en noviembre de 2000, que Xabier Arzalluz se lo dijo a Der Spiegel: «Los inmigrantes que no quisieran adoptar la ciudadanía vasca recibirían el mismo trato que los alemanes en Mallorca. Podrían votar y ser elegidos en elecciones municipales, pero no podrían decidir quiénes componen el Parlamento vasco». Arzalluz se refería a un País Vasco independiente, ni siquiera a una Euskadi asociada a España.
EA ha presentado ya el texto articulado de su propuesta soberanista y el lehendakari tiene previsto hacer lo mismo el próximo día 25. Aunque no se conoce, por tanto, el detalle del plan del presidente vasco, sí que se sabe lo que él mismo adelantó en el Pleno de Política General de septiembre. Su propuesta, como la de EA, establece una distinción entre los ciudadanos vascos y aquellos que tengan la nacionalidad vasca. No sabemos los derechos jurídicos que se atribuirán a unos y a otros, pero cuando se fijan dos conceptos legales es que van a tener derechos diferentes. Unos más derechos que otros. Esto es lo que ocurre en el documento de EA, que reconoce plenos derechos políticos para los nacionales vascos y otros restringidos para los que sólo disponen de la ciudadanía vasca.
Las hemerotecas guardan abundantes declaraciones de los dirigentes nacionalistas en los últimos años, especialmente de Arzalluz y de la izquierda abertzale, en las que se anticipaba la conveniencia de separar el trigo vasco de la paja española a la hora de votar. Otegi, en febrero de 2001, decía a New Yorker que antes de un referéndum de autodeterminación había que determinar quién era vasco y quién no y precisaba que para serlo había que aceptar el principio de autodeterminación. A muchos les pudieron parecer entonces salidas de tono, pero ahora los principios discriminatorios que inspiraban el fondo de esas salidas de tono pueden aparecer en proyectos de ley.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 20/10/2003