ESTE domingo, Rajoy dijo en Hospitalet que «el Estado de Derecho se ha reducido al mínimo», que las autoridades catalanas «se saltan la ley a la torera», que «eso es antidemocrático» y que «no permitirá que se celebre el referéndum» separatista. Sería el segundo, pero aseguró: «Es ilegal».
Cualquiera diría que el orador que apoyaba unos minutos al presidente del PP en Cataluña, García Albiol, pertenece a Sociedad Civil Catalana, agrupación que representa a toda la Cataluña no separatista y que por no serlo, ve amenazadas sus libertades por la Generalidad, sufre el acoso de los partidos que vienen perpetrando lo que Albiol llamó «Golpe de Estado a cámara lenta», debe soportar que jaleen a sus agresores los medios públicos y privados subvencionados (TV3, Grupo Godó) y se siente absolutamente abandonada por el Estado. ¿Cómo pensar que ese señor que insiste en que «el orden legal en Cataluña está reducido al mínimo» es el jefe del Ejecutivo, cuya misión es utilizar toda la fuerza coercitiva del Estado y asegurar que el Estado de Derecho funcione al máximo?
El lunes por la mañana, la jefa y el ex jefe del grupo parlamentario de la CUP, base del Gobierno de Junts x Sí (CIU+ERC) coalición creada por Godó e impulsora del prusés para destruir el Estado español, asaltaron la sede del PP en Barcelona. Por la tarde, Jonqueras, interlocutor favorito del Gobierno (hemos visto licuarse a Soraya al sentir sus manazas en la viceclavícula), precisó: «Yo estoy aquí para traer la República». Dos éxitos de la Operación Diálogo.
Ayer martes, Rajoy llegó a Barcelona con 15.000 millones de euros para impulsar las infraestructuras catalanas, las peores de España, y que, salvo el AVE y las autopistas, desmerecen al lado de las de Extremadura, las dos Castillas o Andalucía. La Vanguardia–ayer Española, hoy del prusés– se volcó: portada con foto de jubileta benidormí; entrevista en la que Rajoy se niega a hablar del artículo 155 de la Constitución que obliga al Gobierno a intervenir ayuntamientos y autonomías que vulneren la ley; y anuncio azul a toda página de Soraya Sáenz del Diálogo, entre Rajoy y Cuní. La Generalidad separatista no mandó a nadie a recibirlo, pero no devolverá el dinero. Tampoco el jefe del Ejecutivo (más bien, el Ejecutado) cambiará su política. Roma no pagaba traidores. Madrid, sí.