Algunos lo han llamado la “economía de la servilleta”, que es una forma de ver el mundo a través de modelos matemáticos y estadísticos. El ejemplo más palmario es la célebre servilleta de Laffer, utilizada durante años para demostrar que rebajando impuestos se recauda más. Su eficacia en términos de ingresos no se ha demostrado en ningún país del mundo, y, de hecho, los gobiernos, cuando están en dificultades presupuestarias, lo que hacen (de derechas y de izquierdas) es, precisamente, lo contrario. Pero ahí están Laffer y su célebre servilleta como una realidad incontestable para muchos.

A la economía de la Comunidad de Madrid le sucede algo parecido. Cualquier observador de la realidad —a la luz de lo que se publica cada día— diría que es lo más parecido a Atlántida, aquella isla mítica de la que ya hablaba Platón convertida en símbolo del poder político y económico en el centro del Mediterráneo. Pero lo cierto es que hay un Madrid oscuro y un poco canalla que permanece ajeno al cuerno de la abundancia. O, mejor dicho, a esa imagen distorsionada de la realidad, como los célebres espejos del muy madrileño callejón del Gato, que traslada la idea de que Madrid es Xanadú, la metáfora mítica de la opulencia.

Es verdad que Madrid es la comunidad más rica de España: 35.913 euros per cápita (un 35,9% superior a la media nacional); la que más pesa en el conjunto de la riqueza nacional (el 19,3% del PIB), y la que tiene mayor capacidad para atraer inversión extranjera (el 75,4%). También, la que tiene mayor tasa de empleo y la segunda con menor nivel de endeudamiento (tras Canarias), un 16% del PIB. Sin contar con el buen nivel de sus hospitales públicos (cinco entre los 10 mejores de España), el peso relativo de la población con estudios superiores o la calidad y cantidad de sus infraestructuras, entre las mejores del mundo. En tasa de desempleo, sin embargo, anda más bien rezagada (ocho regiones tienen menos paro que Madrid), pero aun así su nivel de desempleo es casi dos puntos inferior al de la media nacional.

¿Y dónde está, pues, ese callejón oscuro en el que habitan quienes no ven la luz de la prosperidad? Es decir, ese Madrid que no suele aparecer en los análisis macroeconómicos sobre una región capital para España, y no solo por razones políticas o geográficas.

Protección social

La Fundación Foessa, una entidad constituida hace casi 60 años e impulsada por Cáritas, lo ha identificado en un informe publicado en 2019, antes de la crisis del coronavirus, y ofrece una primera conclusión: Madrid, pese a su elevado nivel de renta, se encuentra entre las comunidades autónomas que menos gasto por habitante realiza en prestaciones de protección social, y, específicamente, “en el ámbito de las rentas mínimas, última red del sistema de garantía de rentas y que afecta a las personas en situación de mayor pobreza”.

I. Gil Unidad de Datos

¿El resultado? El coeficiente de Gini, que es el mejor instrumento para medir la desigualdad de renta, “ha tendido claramente al alza” durante el periodo analizado en Madrid, pasando del 31,9% en 2008 al 35,1% en 2017. No es un asunto cualquiera.

Hay que tener en cuenta que el sistema de transferencias sociales es el ascensor que eleva la renta disponible de las familias para evitar un crecimiento abultado de la desigualdad en momentos económicos difíciles. En 2018, para el conjunto de España, la reducción de la tasa de pobreza imputable a las transferencias fue de 6,4 puntos, lo que da idea de su importancia. Y en Madrid, hay que recordarlo, el 19% de la población (el llamado indicador Arope) está en riesgo de pobreza relativa o exclusión social. O lo que es lo mismo, alrededor de 1,3 millones de personas.

En 2019, la Fundación Banco de Alimentos atendió a 130.000 personas; en enero de 2021, el número subió hasta 186.000 personas

En diciembre de 2019, la Fundación Banco de Alimentos atendió a 130.000 personas, pero un año después, en enero de 2021, y ya en medio de la pandemia, el número había crecido hasta 186.000 personas en toda la región a quienes los voluntarios suministraron alimentos a través de 565 entidades benéficas. Es decir, un 43% más.

Cuatro veces más

Unos cuantos datos reflejan los fuertes desequilibrios territoriales existentes en Madrid. A la luz de las estadísticas del IRPF, un vecino del barrio de Salamanca disfruta de una renta disponible media equivalente a 71.599 euros al año, mientras que uno de Entrevías/Puente de Vallecas apenas alcanza los 17.795 euros, cuando la media son 40.083 euros. Es decir, cuatro veces más.

Eso no significa, sin embargo, que Madrid —cuya edad media está bastante por debajo de la española gracias a los flujos migratorios— no sea una región de clases medias, como sucede en el conjunto del país, una de las grandes conquistas de las democracias liberales. Según Foessa, el 50,1% de la población madrileña se encontraba en 2018 en una situación de integración plena en el sistema económico (con una notable mejora al final de la recuperación), el 33,7% en una situación de integración precaria, el 8,7% padecía una exclusión moderada y el 7,4% estaba en exclusión severa.

No es irrelevante esta clasificación. Al contrario. La exclusión severa se produce, según lo define Estadística, cuando un hogar no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no está en condiciones de mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (650 euros) o el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, hipoteca o alquiler, recibos de gas…

¿Y cuánta gente se encuentra en esa situación? Foessa ofrece, de nuevo, la respuesta. En 2013, en medio de la doble recesión, 567.000 personas se encontraban atrapadas en exclusión social severa. Cinco años más tarde, al calor de la recuperación, la cifra había bajado hasta las 490.000. El riesgo de pobreza, según el INE, alcanza al 15% de la población, cinco puntos menos que en la media nacional.

¿Mucho o poco? Según los autores del estudio, la reducción de las situaciones de exclusión social severa en Madrid “ha sido menos intensa que la experimentada en el conjunto del país, donde las situaciones consideradas se han reducido en un 18,9%”, por encima del 13,6% de Madrid. ¿Los principales afectados? Las familias numerosas y monoparentales, que son los grupos más expuestos al riesgo de exclusión, con tasas del 35,9% y el 26,7%, respectivamente. En particular, entre el colectivo de inmigrantes.

Saldo migratorio

Una de las características demográficas de Madrid, de hecho, es su flujo de inmigración, la más intensa de España, lo que tiene mucho que ver con las probabilidades de encontrar un empleo. En 2019, sin ir más lejos, el saldo migratorio fue el más positivo del conjunto del país (93.128), con lo que el número de extranjeros (no todos para salir de la miseria, también por razones profesionales) representa ya el 17,6% de la población, según el INE.

La tendencia es creciente, incluso para los nacionales. Un informe del Observatorio Social de CaixaBank estima que Madrid es el principal destino al que los trabajadores de otras regiones se plantearían ir a vivir dentro del territorio nacional, atrayendo al 17% de los trabajadores. Las razones son obvias: más y mejores oportunidades para progresar.

La presión migratoria, como se sabe, es uno de los factores que explican la tensión en los precios de la vivienda, como sucedió en la anterior crisis antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, y esto puede estar detrás de un dato muy relevante. El 14,6% de los madrileños piensa que su vivienda es inadecuada, cinco puntos más que la media de España, lo que muestra una demanda insatisfecha por razones económicas. No es, por lo tanto, oro todo lo que reluce.

Madrid, en todo caso, es una región de clases medias, un concepto siempre complicado de definir, pero que, en ningún caso, significa que sus integrantes estén a salvo de las dificultades económicas. Lo dice la ‘Encuesta de condiciones de vida’ que elabora el INE: el 22% de los madrileños no puede ir de vacaciones al menos una semana al año; el 30,6% no tiene capacidad económica para afrontar gastos imprevistos; el 5,2% está obligado a retrasar pagos relacionados con la vivienda principal, mientras que el 7% tiene “muchas dificultades” para llegar a final de mes. En todos los casos, por debajo de la media de España, pero unos niveles que contrastan con la imagen de ser la Suiza de la meseta castellana.