Vayamos con los datos que no pueden ser más expresivos. El País Vasco es una de las comunidades que dispone de mayor renta per cápita al superar de largo los 30.000 euros por habitante. Las diputaciones forales —Vizcaya, Álava y Guipúzcoa— son las haciendas de cada uno de los territorios históricos a las que corresponde “la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados” conforme a la ley del concierto económico de 1981, prorrogada indefinidamente en 2002. 

Los impuestos concertados son todos menos el IVA y los especiales. Para que un impuesto entre en vigor en el País Vasco, debe transponerse su ley en normas fiscales por las Juntas Generales de cada uno de los tres territorios, normas que están blindadas: desde 2010, solo pueden ser recurridas ante el Constitucional y tienen, por lo tanto, valor material de ley pese a que no las aprueba una Cámara legislativa. Antes eran impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Gobierno vasco paga un cupo al Estado, calculado mediante ley de lectura y artículo únicos —no admite enmiendas parciales, solo a la totalidad— siempre con holgura en favor del País Vasco, y ahí acaba su aportación. La de Euskadi es la quinta economía nacional en porcentaje generado de PIB (poco más del 6%). Su demografía no alcanza los 2.200.000 habitantes, de los que más de medio millón son jubilados, de tal manera que las pensiones no llegan a financiarse con las cotizaciones de la propia economía vasca. Más exactamente: el número de pensionistas creció hasta el pasado mes de junio el doble que el de cotizantes. 

El número de pensionistas creció hasta el pasado mes de junio el doble que el de cotizantes

Entre 1993 y 1994, las autoridades vascas pusieron en marcha unas llamadas ‘vacaciones fiscales’, que establecían una drástica reducción de la base imponible del impuesto sobre sociedades durante una década y bonificaban inversiones, lo que provocó una deslocalización empresarial que afectó especialmente a Cantabria y La Rioja. El Tribunal Supremo, primero, y el de Justicia de la Unión Europea, después, tumbaron esa política fiscal por incompatible con los tratados de la UE y obligaron a reponer los fondos perdidos por semejante temeridad fiscal, que hizo famosa la expresión ‘efecto frontera’ de Euskadi con sus comunidades vecinas. A principio de los años noventa del siglo pasado, el Gobierno vasco y las diputaciones pusieron en marcha los ‘pagarés forales’ para captar y lavar dinero negro, una suerte de amnistía que, ante su arbitrariedad, fue suprimida, aunque sin efectos retroactivos.

En estas condiciones, que el lendakari Urkullu acuse a Madrid de ‘dumping fiscal’ y denuncie que la comunidad madrileña es un “paraíso fiscal” resulta por completo indecoroso. Hasta el momento, el PNV había sido cauto, al no entrar en esta controversia financiera y fiscal. El régimen paccionado con el Estado —igualmente, el de Navarra— es un residuo de la época posterior a la foralidad que es interpretable como un privilegio anacrónico, ante el que la Unión Europea hace la vista gorda (cada vez menos), y un instituto jurídico al que no le sientan bien la luz de los focos mediáticos ni el análisis técnico-tributario. 

Su vigencia es posible gracias a la habilitación constitucional que reconoce en la disposición adicional primera de la Carta Magna los “derechos históricos de los territorios forales”, pero dentro del “ordenamiento jurídico”. Curiosamente, para reforzar su política mercantilista, el PNV pidió la abstención en el referéndum constitucional de diciembre de 1978, pese a que esa disposición es la percha en la que colgaron y cuelgan todas las especificidades institucionales y financieras del autogobierno vasco. El 54,5% de los ciudadanos mayores de edad y censados en Euskadi no acudió entonces a las urnas.

El País Vasco tiene una crisis demográfica sustancial por el número de ciudadanos ancianos 

Escuchar que el presidente del Gobierno vasco —no sin la autorización de la ejecutiva de su partido— se une al coro de ‘armonizadores’ fiscales en la ofensiva contra la autonomía financiera de las demás comunidades y, en concreto, contra la política fiscal de Madrid, es el peor error que ha cometido el dirigente nacionalista en muchos años. Hay que recordar cómo reaccionó su partido cuando el Gobierno de Felipe González aprobó con su aplastante mayoría la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) en julio de 1982, luego revocada en parte por el Constitucional.

El PNV está perdiendo lozanía y coherencia en el debate sobre su tradicional rigor en el manejo de las cuentas públicas. El País Vasco tiene una crisis demográfica sustancial por el número de ciudadanos ya en la ancianidad —en parte, por la diáspora vasca, que comienza a hacer sentir sus efectos sobre la economía y la sociedad— y otra no menor de incremento de la burocracia —gasto político e improductivo— que le impide regresar a políticas fiscales más atractivas, de modo que las grandes fortunas vascas migran a otros lares. Aun así, la manija de las finanzas públicas está en sus manos de una manera soberana. La Alta Inspección del Estado sobre las haciendas vascas es inocua. 

El nacionalismo vasco ha sido el gran conseguidor de la democracia española. Siempre ha tenido ‘títulos’ para legitimar sus propósitos. Los derechos históricos (el verdadero no es el concierto, sino la exención de las provincias vascas antes de la última guerra carlista) para fundamentar la soberanía fiscal; el terrorismo de ETA para justificar ‘medidas políticas’ para que, supuestamente, dejase de asesinar (transferencias, policía autónoma, infraestructuras, empoderamiento en las políticas de nacionalización interna del País Vasco), y su propia minoría en el Congreso de los Diputados, que lo ha convertido en árbitro comisionista de las disputas entre el PP y el PSOE.

Con una prosopopeya de la que Aitor Esteban es un referente y por la que merece los más gregarios elogios, el PNV acuerda hoy con Rajoy el cupo (2017) y los presupuestos (2018) y vota mañana su censura para que Sánchez se instale en la Moncloa, como ocurrió hace tres años y medio

Sin embargo, cuídese el PNV del nuevo cantonalismo español —producto de la desigualdad y el abuso identitario, suyo y de los independentistas catalanes—, porque en esta fase en que se comienza a discutir el nuevo sistema de financiación autonómica —que a él no le concierne— puede que no falten socialistas y populares y representantes de la España pobre que pongan sobre la mesa la gran cuestión: si el concierto vasco y el convenio navarro son sostenibles en estos tiempos de escasez y de aspiraciones igualitarias.