LIBERTAD DIGITAL 31/03/17
· La decisión del Supremo chavista de acusar de «desacato» al Parlamento y asumir sus competencias es el último paso del régimen de Maduro.
La actualidad política de los últimos días en la región se ha centrado en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para discutir la situación en Venezuela y analizar la posibilidad de activar la Carta Democrática para suspender a Caracas del organismo y presionar a su régimen para que dé los pasos esperados hacia unas elecciones que sigue negando. Esta iniciativa fue propuesta e impulsada por el propio secretario general del organismo, Luis Almagro, quien hace unos días afirmó que «Venezuela es un país hundido en la represión».
Como era de esperar, la respuesta de Nicolás Maduro fue la del ataque y el insulto. Además, decidió pasar a la acción a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –brazo judicial del chavismo más extremo– que decidió hace unos días comenzar una nueva ola de acoso contra el Parlamento dominado por la oposición. Como primera medida, determinó límites de la inmunidad parlamentaria de los representantes legislativos, lo que podría apuntar a una serie de futuras acusaciones contra miembros de la oposición.
Ahora ese mismo TSJ dio un nuevo paso hacia la ruptura de separación de poderes que respeta cualquier país considerado democrático y decidió asumir varias de las competencias del Parlamento. La excusa, apuntada en la sentencia, es la persistencia a lo que estos jueces llaman «desacato» por simplemente pedir que se analice el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lo aún más absurdo es que la propia sentencia dice que se da este paso para «garantizar el estado de derecho», una condición democrática que el chavismo nunca ha respetado y que ha distinguido el carácter autoritario del gobierno de Nicolás Maduro.
«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», reza una sentencia de dicha Sala. La Alta Corte ha dicho que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez.
Los representantes chavistas celebraron este paso. Diosdado Cabello, diputado oficialista y expresidente del Parlamento, sugirió a los opositores someterse a los dictámenes del máximo tribunal y dijo que «aquí nosotros no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran».
Desde la oposición ven este paso como un auténtico golpe de Estado. En declaraciones a Infobae, el presidente del Legislativo, Julio Borges dijo que «esto claramente es un golpe de Estado» mientras que Jesús Torrealba, ex secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), apuntó al diario peruano El Comercio que «ahora es el propio régimen el que demuestra con hechos el carácter no democrático de su gestión». Agregó que «la sentencia del Supremo prácticamente disuelve al Poder Legislativo y amenaza con darle poderes imperiales al señor Maduro de producirse lo que ellos llaman un ‘estado de conmoción'».
Por su parte, Henrique Capriles denunció que en su país se ha dado un madurazo y pidió a la OEA que convoque «de emergencia» a su Consejo Permanente. Durante una rueda de prensa en Bogotá dijo que «lo que ocurrió en la madrugada de ayer no hay otra forma para calificarlo, en Venezuela (…) se materializó un golpe de Estado, usted no puede calificarlo de otra forma». «En Venezuela se ha dado el madurazo, podemos decirlo, esto es el madurazo con el apoyo de un tribunal», añadió el gobernador del estado Miranda.