DEL MISMO modo en que los gatos acorralados se convierten en animales peligrosos que atacan, Nicolás Maduro ha decidido redoblar su arremetida antidemocrática al sentirse cercado por el irrespirable malestar social en Venezuela. Y en su alocada huida hacia adelante, anuncia la convocatoria de una Asamblea Constituyente para que elabore una nueva Carta Magna, a la medida del régimen. Pondría así la puntilla a lo que queda de democracia en el país caribeño. Porque el chavismo quiere que esa Asamblea esté formada por 500 miembros no elegidos por sufragio universal de los venezolanos. A la mitad los designarían estructuras comunales diseminadas en el país que siguen siendo hoy el gran bastión del régimen bolivariano, ya que se trata de una vasta red de grupos favorecidos desde hace 18 años por los programas sociales del Gobierno.
El chavismo ha creado una gran tela de araña clientelar a través de una política asistencial dirigida a esos sectores –indígenas, pensionados, etcétera– a los que, si bien ha ayudado a mejorar su situación de desamparo, no les ha sacado de la pobreza. De hecho, la caída del precio del petróleo ha llevado a Caracas a tener que imponer fuertes recortes en esos programas. No olvidemos que los venezolanos sufren una de las peores crisis de toda América en décadas, con una superinflación desbocada y escasez de toda clase de productos de primera necesidad. Es el gran fracaso económico de un régimen desastroso.
Con más del 70% de los ciudadanos contrarios a su gestión, como indican las encuestas, el mandatario ha visto en esta argucia de la Constituyente el último recurso para atrincherarse en el poder. Y en su imparable deriva autoritaria, parece haberse inspirado en el fascismo italiano de entreguerras o en la dictadura franquista para inventarse su propia democracia orgánica. Sectores afines elegirán a los parlamentarios constituyentes, igual que en nuestro país en el régimen anterior a los procuradores los designaban las entidades corporativas o el propio Franco. Maduro, ahora, como aquél entonces, no quiere saber nada de «partidos políticos ni élites» en la Asamblea.
Estamos ante un escenario de extraordinaria gravedad. La refundación del Estado a la que aspira el régimen chavista no es sino un autogolpe para aplastar definitivamente a la oposición. Cabe recordar que Maduro lo está intentando de todas las formas posibles. Semanas atrás, se sirvió del Tribunal Supremo –un instrumento más del poder–, que usurpó todos los poderes de la Asamblea Nacional, democráticamente elegida hace 15 meses, con mayoría de diputados opositores. Fue aquel un «madurazo», como lo denominó el dirigente Henrique Capriles –ahora inhabilitado–, con el que el chavismo pretendió enterrar la democracia venezolana. Pero el régimen se vio obligado a dar marcha atrás, porque la cacicada fue de tal obscenidad que toda la comunidad internacional la denunció de inmediato. Las presiones diplomáticas impidieron que la maniobra triunfara.
Del mismo modo, cabe exigir ahora a todos los Gobiernos, en especial a los de la región, que actúen con contundencia para hacer ver a Maduro que no se va a consentir este golpe de Estado en marcha. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió ayer de que velarán para que no se consolide una dictadura en Venezuela, aunque Caracas haya anunciado su intención de retirarse de este organismo, algo que no se haría efectivo antes de dos años. La UE, y de forma muy especial España, deben ejercer toda la presión posible para evitar esta huida hacia adelante de Maduro.
El anuncio no hace sino incrementar la extraordinaria tensión social en el país latinoamericano. La oposición encabeza manifestaciones prácticamente diarias desde finales de marzo y ayer pidió a la ciudadanía un esfuerzo aún mayor para «rebelarse» en las calles contra el nuevo intento de autogolpe presidencial. Y en un clima de polarización extrema, el régimen trata de aplastar la disidencia con una represión feroz que ya se ha cobrado la vida de al menos 20 personas en las últimas concentraciones antigubernamentales. De modo que el anuncio de Maduro supone echar gasolina al fuego.
La crisis política en Venezuela es tan grave que la única solución pasa porque los venezolanos se pronuncien en las urnas en unas elecciones presidenciales adelantadas supervisadas por organismos internacionales. No se han celebrado aún los comicios a gobernadores generales previstos para 2016 y también están pendientes las elecciones a alcaldes. En este contexto, semejante despropósito constituyente es abocar al país a un dramático callejón sin salida de imprevisibles consecuencias.