ABC 30/12/16
EDITORIAL
· Porque los nacionalistas no son dueños y señores de las instituciones autonómicas, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó ayer la imputación formal de Francesc Homs
LA última encuesta del Centro de Estudios de Opinión, dependiente de la Generalitat de Cataluña, es una mala noticia para los nacionalistas, porque refleja una mayoría de catalanes contraria a la independencia y un riesgo claro de que el bloque separatista formado por Junts pel Sí y la CUP pierda la mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Los nacionalistas siempre han sido conscientes de que sus postulados separatistas pueden concitar sentimientos de apoyo que no se traducen luego en votos. Por eso soslayan los referendos con la excusa de que no son pactados –y montan parodias como la del 9-N– y buscan la adulteración de elecciones autonómicas como plebiscitos, que luego pierden, como pasó en 2015, y no reconocen su fracaso. Lo cierto es que el nacionalismo separatista en Cataluña pierde fuelle, pero como ejerce la hegemonía social e informativa mantiene la apariencia de ser un movimiento popular de masas, eso sí, que acorrala y margina a quienes osen discrepar, y que se cree con derecho a utilizar servilmente las instituciones que la Constitución de 1978 y la legalidad estatutaria han dado al autogobierno catalán no para ser desleal con España, sino por ser parte del Estado.
Por eso, porque los nacionalistas no son dueños y señores de las instituciones autonómicas, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó ayer la imputación formal del diputado Francesc Homs por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia al Tribunal Constitucional con motivo de la consulta ilegal del 9-N. Las treinta y tres páginas del auto del magistrado instructor con la imputación de Homs contienen una narración detallada y minuciosa de los comportamientos delictivos de este dirigente nacionalista, a quien el Ministerio Fiscal tendrá que acusar en los próximos diez días, como paso previo a sentarlo en el banquillo de los acusados. Para aquellos que critican la vía judicial contra el nacionalismo, este auto demuestra que tal vía es imprescindible y, además, única, cuando frente al Estado se alza la intransigencia de un nacionalismo cuyo propósito exclusivo es la demolición del orden constitucional. Las ofertas de diálogo son estériles cuando sus destinatarios no quieren negociar, ni pueden, porque ni la Constitución, ni la soberanía nacional ni la unidad de España son negociables. Ayer Junts pel Sí y la CUP anunciaron un acuerdo secreto para una «ley de transitoriedad» que respalde el referendo de 2017 y la creación de la «república de Cataluña». Así responde el separatismo a las autocríticas del Gobierno por su recurso de inconstitucionalidad y la recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña. Por supuesto, hay más vías además de la judicial, pero no son las de desistimiento, ni la rendición ante el separatismo, sino las de la defensa constitucional que prevé el artículo 155 de la Constitución.