Fiel a la mala sofística que practican por consigna tanto los miembros del Gobierno de Sánchez como sus partidarios, se está comparando en gravedad la filtración no consentida de la situación fiscal de la pareja de Ayuso, en la que se hallan implicados el fiscal general del Estado, la Agencia Tributaria y el propio Ministerio de Hacienda, con la filtración de MAR que contó con el pleno consentimiento, para su defensa, del mismo afectado. Tal comparación es un sofisma de parvulario, pues es el ciudadano particular el que merece la protección del Gobierno a su vida privada, no el Gobierno el que debe ser protegido por el ciudadano de sus chanchullos. El Gobierno, por propia definición, no tiene vida privada y su gestión debe ser transparente por su misma naturaleza pública. Lo que da a la conducta de Álvaro García Ortiz un carácter delictivo no es la filtración en sí misma, que por la mano de MAR o de cualquier periodista, podría convertirse en mercancía mediática sin recorrido penal, sino el hecho de que el fiscal general no puede violar un secreto al que tiene acceso en razón de su cargo.

Mala sofística, sí. La misma que ponía el grito en el cielo ante la invocación no literal que algún comentarista hizo de la famosa frase de Sánchez en el contexto valenciano: «Si quieren recursos, que los pidan». Se hizo un castillo de la mera sustitución de la palabra «recursos» por «ayudas» y se quiso hacer pasar la frase entera por un bulo solo por el uso de un sinónimo.