Eso es justamente lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno y el Partido Socialista, al darse cuenta de que su pretendida mayoría de progreso no es ni lo uno ni lo otro, han decidido adueñarse del procedimiento parlamentario para utilizarlo en su exclusivo beneficio. No solo se trata de las decenas de decretos-ley que este Ejecutivo acumula en detrimento de la deliberación democrática y la seguridad jurídica. Es que la inmensa mayoría de esos decretos no se tramitan luego como proyectos de ley -que es el argumento piadoso que el Gobierno suele utilizar ante sus socios para que se los aprueben- y, cuando se abre la tramitación, los plazos de enmiendas se prorrogan una y otra vez dejando en vía muerta el proyecto del que nunca más se vuelve a saber, mientras, eso sí, el decreto gubernamental mantiene su vigencia.

Ya parece haber adquirido carta de naturaleza la utilización de la proposición de ley -iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios- para evitar los dictámenes e informes preceptivos cuando se trata de normas que el Gobierno anticipa que son jurídica y políticamente problemáticas. Que la ley de amnistía no haya contado con los informes preceptivos de los órganos consultivos que deben contribuir a la calidad de la elaboración legislativa resulta sencillamente inexplicable e indefendible. En el pecado llevan la penitencia. Luego se ha puesto de manifiesto la falta de técnica jurídica y la arbitrariedad de los criterios utilizados para definir el contenido de la norma, hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha decidido la no aplicabilidad de la amnistía a los casos a los que el Gobierno, por puro interés partidista, más quería que se aplicara; es decir, a Puigdemont y sus más cercanos.

Por tanto, poca broma con eso de Sánchez advirtiendo de que gobernará con o sin el Parlamento. Semejante amenaza, que solo puede verbalizarse desde el convencimiento de una impunidad política incompatible con el sistema democrático, ha ido tomando cuerpo en una legislatura en la que los socialistas aparentan una normalidad que simplemente no existe. Uno recuerda aquello aplicado al (mal) periodismo de que «la realidad no te estropee una buena historia» y se puede trasladar a esta política de Sánchez: que la realidad no te estropee una mayoría ficticia.

El Gobierno de coalición carece de la mayoría necesaria para sacar adelante el llamado impuesto a las compañías energéticas que había acordado mantener con sus socios de la izquierda. Ha ocurrido que el PP con el apoyo del PNV y Junts han aprobado una enmienda, en un proyecto de ley en el ámbito medioambiental, que derrota el compromiso del Ejecutivo y suprime el impuesto. ¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno? Llevarse el balón; es decir, bloquear ‘sine die’ el debate para ver de qué manera puede deshacer lo que es la plasmación de una mayoría clara.

La presidenta del Congreso utiliza abusivamente sus poderes. Como en el Senado la mayoría absoluta es del PP, se desapodera a esta Cámara sin el menor rubor para que no moleste los planes gubernamentales, ignorando olímpicamente que la Constitución en su artículo 66.1 afirma taxativamente que «las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado».

Sánchez se recrea en la prerrogativa del Gobierno de poder hablar sin límite de tiempo en un desequilibrio ventajista cuando se producen los debates parlamentarios. Hay ministros que siguen sin ser vistos en el Parlamento y las sesiones de control al Gobierno se pervierten como sesiones de control a la oposición. Se dirá que todo es legal, formalmente legal. Y lo es, tanto como que se trata de un conjunto de prácticas abusivas que pervierten el juego institucional aunque digan mucho de la escasa fibra democrática y la precariedad de quien tiene que recurrir a ellas.