José Luis Zubizarreta, EL CORREO 04/11/12
La Conferencia de Aiete no trazó una hoja de ruta para todos, sino que fue un carnaval en el que se le permitió a ETA disfrazar su derrota de desistimiento.
Se daba por descontado que iría a plantearse a lo largo de la legislatura, pero pocos esperaban que fuera a hacerlo tan de inmediato. El caso es que lo que tan eufemísticamente ha venido en llamarse «las consecuencias del conflicto» ha cobrado nueva actualidad. Y, así, el retorno de los prófugos de ETA o el tratamiento de sus presos ha vuelto a ocupar lugar destacado en los medios de comunicación. Topamos pues, una vez más, antes de que se haya constituido el nuevo Parlamento, con uno de esos asuntos que quedaron pendientes de la anterior legislatura y que van a concitar la atención de buena parte de la que ahora se abre.
Y puesto que así va a ser, lo aconsejable será comenzar por deshacer algunos malentendidos. De que los haya no debería caber ninguna duda. Sirvan de prueba las palabras de la parlamentaria electa por la lista de EH Bildu, Laura Mintegi, quien esta misma semana, y a propósito de unas detenciones de presuntos miembros de ETA, ha reprochado al actual Gobierno «no tener ni idea de lo que es un proceso de paz».
Y es que la interpretación que la izquierda abertzale se ha construido de lo que ocurrió el 20 de octubre de 2011, así como de lo que, a consecuencia de lo que en aquella fecha ocurrió, debería por fuerza ocurrir en el futuro, no tiene nada que ver con la que el Ejecutivo tiene formada al respecto. Para empezar, a este último ni se le pasaría por la cabeza referirse a todo ello en términos de «proceso de paz». Y es precisamente en este malentendido de origen donde radican todos los demás que con el tiempo han ido creciendo y multiplicándose en su derredor.
Por aquellos días de octubre del pasado año, cuando todos presentíamos que el terrorismo etarra estaba a punto de acabar, muchos convinieron en permitir que la izquierda abertzale arropara el ansiado final con una parafernalia que lo precipitara, por así decirlo, por la vía de la ‘dignificación’. Aquella organizó con este fin la conocida como Conferencia Internacional por la Paz de Aiete, a la que otros partidos, sindicatos y asociaciones accedieron a conferir solemnidad con su presencia.
Todos eran, sin embargo, conscientes, incluida con toda probabilidad la misma izquierda abertzale, de que aquello no era sino una ficción, un ‘make-believe’, que sólo pretendía adornar con oropeles de voluntario y magnánimo desistimiento la triste realidad de una humillante derrota. La propia ETA, con el fin de que no dejaran de resonar los ecos de la conferencia ni de recordarse los contenidos de su resolución, se apresuró a declarar, apenas pasados tres días, «el cese definitivo de su actividad», como si fuera su último y supremo acto de generosidad para con la sociedad vasca.
El desencuentro que, a raíz de entonces, se ha instalado entre el Gobierno, de un lado, y ETA con su entorno, de otro, deriva de este malentendido originario. La banda, en un intento de prolongar la ficción del desistimiento, pretende convertir lo que todos los demás entendieron como una decisión unilateral y forzada en el punto de partida de un proceso bilateral –llamado de paz– en el que el Gobierno tendría que responder con el mismo grado de generosidad o magnanimidad que la banda atribuyó a su iniciativa. El tal proceso consistiría, una vez que hasta los miembros de la conferencia y la propia izquierda abertzale hayan descartado por inviable la pretensión de incluir en él las cuestiones relacionadas con el «conflicto político», en el abordaje de sus llamadas «consecuencias técnicas», esto es, en el tratamiento que habría de darse a los miembros prófugos o encarcelados de la organización.
Tal tratamiento, en consonancia con el carácter de voluntariedad que ETA se empeña en conferir a su decisión, no debería regirse por los estrictos requerimientos que el Código Penal aplica al delincuente, sino que exige la recíproca magnanimidad de una «justicia transicional», en la que la responsabilidad contraída por el ejercicio en el pasado de la justa e inevitable «confrontación armada» acabaría disuelta, una vez abandonada la lucha, en una especie de sobreseimiento general.
Pero quien, como el Gobierno, piense que la llamada «confrontación armada» no era otra cosa que terrorismo puro y duro, que la «lucha por la liberación nacional» se resumía en liquidación del disidente o limpieza ideológica y que la disidencia voluntaria sólo pretendía disimular la derrota, no es extraño que tenga una visión radicalmente distinta de lo que habrá de hacerse en el futuro con las «consecuencias del conflicto». A no ser, claro está, que quienes se avinieron a arropar con su presencia la ya famosa conferencia internacional hayan dejado que el tiempo convierta en realidad lo que en su momento tomaron por ficción.
Triste final, por tanto, este de ETA que tiene ahora como máxima aspiración la de lograr lo que en su día consideró máximo ejemplo de traición: la resolución de sus problemas a la manera ‘poli-mili’. Pero ni siquiera esto, que coincide con lo que en su día le ofreció el Acuerdo de AjuriaEnea, es ya posible.
El tiempo no corre en vano, ni la paciencia de la sociedad ha resultado ser eterna ni su conciencia, inmutable. ETA y la izquierda abertzale, que siempre han creído poder manejar los tiempos a su antojo, han quedado atrapados en sus inextricables redes, tras haber dejado pasar todas las oportunidades. Ahora, en esta legislatura, todo su empeño consistirá en tratar de conseguir de los demás un imposible retorno al pasado. Vano empeño.
José Luis Zubizarreta, EL CORREO 04/11/12