Hay un nombre para definir lo que Sánchez está haciendo, y si lo repito es porque la precisión en el uso de las palabras aclara la mente, ordena la sociedad y facilita la comprensión del mundo: autogolpe. Es una modalidad de golpe de Estado, la que se da desde el poder. La definición más clara de golpe de Estado la aportó Hans Kelsen, el jurista más importante de los últimos dos siglos y medio: una modificación de la Constitución realizada por vías diferentes a las que la propia Constitución prevé. Por último, basta reflexionar un momento para comprender que una amnistía es un indulto general agrandado: no solo perdona la pena sino que borra los antecedentes, lo que es tanto como establecer formalmente que nunca hubo delito. En el caso que nos ocupa, y que debería preocuparnos más, significa que las malversaciones de los golpistas no fueron delito; que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue perfectamente lícito, legítimo y legal.

Las implicaciones de esto se suceden imparables: los que tomaron decisiones ilegales e ilegítimas fueron los jueces que ordenaron a la Policía impedir el referéndum, los que instruyeron las causas por sedición y malversación y los que condenaron a los golpistas catalanes. Abatido el Poder Judicial. Los que violaron las leyes y abandonaron la legitimidad fueron las Cortes cuando el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desautorizado el Poder Legislativo. En cuanto al Gobierno, fue culpable de requerir a Puigdemont injustamente para que no celebrara el referéndum, pues tenía derecho a convocarlo; se disolvió ilegítima e ilegalmente el Gobierno catalán y nunca debieron aplicarse las medidas amparadas en aquel artículo. Los que tenían razón fueron: los que organizaron y realizaron el referéndum, el presidente de la Generalitat que declaró la independencia, los que aprobaron las leyes de transitoriedad, los que violaron los derechos de un número de parlamentarios catalanes. En realidad, según la lógica de la amnistía, dichos derechos no fueron violados. Desacreditado el Poder Ejecutivo. En cuanto a la Policía, debió negarse a ejecutar las órdenes judiciales por ser injustas. Por fin, el discurso del Rey de España del 3 de octubre de 2017 fue una colección de falsedades y de acusaciones infundadas que reforzaron la creencia de estar en lo cierto de la media Cataluña que llamamos constitucionalista, cuando la verdad es que la razón la tenían la otra media, la ANC y Òmnium.

Todo eso es lo que implicará necesariamente la aprobación de la amnistía que Sánchez está dispuesto a conceder a cambio de los votos del partido liderado por un prófugo. También implicará, por cierto, que el prófugo lleva siendo perseguido y hostigado seis años injustamente, que cuanto ha sostenido en distintos foros es cierto y que hicieron bien Bélgica y Alemania al no atender las euroordenes. Es importante que los diputados, al votar esa ley, sean conscientes de todas estas consecuencias inevitables, que socavarán radicalmente los tres poderes del Estado y la Corona. Deben comprender que, con su voto afirmativo a la amnistía, estarán reformando la Constitución por vías diferentes a las que ella establece, que estarán dando un golpe de Estado. Por el camino, habrán arrasado con el principio de igualdad y con el de jerarquía normativa, entre otros.

Somos muchos los españoles que no estamos dispuestos a aceptar sin más ese golpe de Estado, ese autogolpe. No porque contraríe nuestras ideas, sino porque convierte la Constitución en papel mojado y deslegitima el entramado institucional entero. Aprobada la amnistía, lo legal y lo legítimo se separarán fatalmente. Es decir, España habrá dejado de ser un Estado democrático de derecho. En realidad, ni será democrático en el sentido que se entiende en cualquier democracia liberal, ni tampoco será un Estado de derecho, puesto que las normas jurídicas carecerán de fuerza siempre que el Gobierno lo desee, olvidando que todos los poderes públicos están sometidos a la ley. España solo será un Estado y, al poco tiempo, ni siquiera eso, puesto que a la amnistía seguirá una consulta que, se llame como se llame, constituirá el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Un derecho del que carece. Puigdemont acaba de anunciar que no renunciará a declarar la independencia y, en la lógica que ha abrazado el PSOE, hace bien. Él es independentista y la ley de amnistía le va a decir que no incurrió en ilícito alguno cuando la declaró por primera vez. Su error habría sido, en todo caso, suspender la independencia a los ocho segundos de proclamarla.

Entre los muchos españoles que contemplamos este escenario como indeseable, encontramos diferentes grados de percepción del peligro. Parece que el partido mayoritario de la oposición, aun denunciando la operación, se sigue comportando como si la marcha de la política española fuera normal, como si no estuviera a punto de derrumbarse el sistema del 78, como si ignorara que una amnistía es la antesala de un cambio de régimen. Otros lo observamos con mayor preocupación. Los individuos no somos libres porque la Constitución nos conceda una lista de libertades y derechos. Lo que hace la Constitución es reconocer que los tenemos. Es nuestra obligación moral y ciudadana mantenernos libres aun cuando el Estado deje de protegernos y el sistema institucional deje de funcionar. Mañana, algunos dejaremos algo claro en la plaza de Colón, a los doce del mediodía: seguiremos siendo libres, Sánchez, por encima de ti. No te olvides de esto, Pedro: cuando rompas las reglas, no habrá reglas.