IGNACIO MARCO-GARDOQUI-EL CORREO

  • La comodidad se sostiene sobre una política monetaria que es poco probable que sea duradera dada la evolución de la inflación

Hay dos maneras de verlo. Una la lidera el Gobierno, principal responsable de la deriva de las cuentas públicas, a quien poco le interesa su futuro (el de las cuentas, claro), dado que lo más probable es que quienes lo dirigen hoy no estén en su silla cuando haya que responder por ellas. Con un poco de suerte, habrán traspasado alguna puerta giratoria y observarán la cuestión desde la comodidad de algún sillón agradecido. También hay personas sesudas y preparadas para quienes la cuestión carece de peligros, dada la gran comodidad con que se financian hoy las deudas. Luego estamos, ¡qué cansinos!, el grupo de los cenizos pusilánimes a quienes nos asusta ver la rapidez que adquiere el deterioro y el monto alcanzado por nuestros desequilibrios presupuestarios.

¿De verdad es cómoda la situación de las cuentas públicas en España? Sí, sin duda. Todo lo que queremos gastar lo financiamos con unas emisiones de deuda que el Banco Central Europeo se encarga de absorber sin desmayo y de hacerlo a un coste ridículo. Pero quizás lo sea hoy y quizás no lo sea mañana. La comodidad se sostiene sobre una política monetaria que es poco probable que sea duradera dada la evolución de la inflación. Máxime cuando es obvio que la abundancia sin límite de dinero barato es una de las causas que han empujado a los precios hasta unas alturas que no son compatibles con tipos de interés nulos o negativos. Bueno, ahora que lo pienso no ‘eran’ compatibles antes, cuando fuimos jóvenes. Ahora, con lo que cambian las cosas, ¡vaya usted a saber! Igual eso de que ‘las deudas se pagan’ es una cosa obsoleta y abandonada en el nuevo orden.

Las empresas no tienen tanta suerte. Cuando una empresa se endeuda, en general, lo hace para financiar inversiones (hay objetivos menos nobles, pero son pocos los casos) con la esperanza de que generen unos retornos suficientes para, entre otras cosas, devolver los créditos solicitados. Con la desagradable circunstancia añadida de que quien los solicita seguirá al frente de la empresa cuando llegue la fecha de su vencimiento y deba responder ante quien lo haya concedido.

La abundancia sin límite de dinero barato ha empujado a los precios a las alturas

La teoría decía (insisto decía, que ahora igual ya no dice) que los déficits presupuestarios son admisibles, incluso obligados, cuando las cosas de la coyuntura se ponen feas en las crisis, las necesidades sociales aumentan y los ingresos disminuyen. Pero, dice (o decía) que, pasados lo malos momentos, esos déficits deberían ser compensados con superávits cuando llega la bonanza, los ingresos suben como consecuencia de una mayor actividad y los gastos bajan al aumentar el empleo y las rentas. Si se fija, es lo que hacemos las economías privadas. Pero, vistas las cosas en dinámico y no en estático, como una fotografía, comprobaremos con facilidad que llevamos desde 2008 incurriendo en déficits continuos, cuando a lo largo de ese periodo hemos sufrido crisis profundas, pero también hemos disfrutado de bonanzas apreciables. Pues nada, todos los gobiernos, incluido el ‘austericida’ de Mariano Rajoy, han presentado cuentas públicas con déficits de tamaño variable.

La situación es cómoda hoy, cierto, pero ¿hasta cuándo lo será? Ni idea. De lo que estoy seguro es de que a quienes dirigen el país y son responsables de los presupuestos, esa pregunta les parece ociosa. No piensan en ella, ni se sienten responsables de contestarla. Con tal de que dure mientras están sentados en sus sillas… La teoría de que ‘quien venga después, que arree’ ha hecho furor. Ahora han recibido con alborozo el acuerdo alcanzado entre la vicepresidenta Calviño y su colega holandesa, representante del ala más dura de la UE en estas cuestiones. Desconozco su alcance en detalle. Seguro que incluye el relajo en los requisitos de estabilidad que la pandemia hizo estallar, pero dudo mucho que incluya también su abandono total y definitivo. Al final, nos obligarán a elaborar un plan de consolidación. Aunque solo sea para mantener la ‘apariencia’ de que las deudas se siguen pagando.