HERMANN TERTSCH-ABC
La nueva Ley de Memoria Histórica persigue la verdad con cárcel
HAN firmado inicialmente doscientos. De muy diverso cargo, profesión, procedencia y trayectoria. Las primeras dos firmas son de dos referentes intelectuales y morales, dos hombres longevos y cuajados de sabiduría, el historiador Stanley Payne y el presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde Fuertes. Deberían ser pronto dos millones. O mejor veinte. Por nuestro bien. Porque el peligro que pretende conjurar el Manifiesto por la Historia y la Libertad que se presentó en Madrid el miércoles nos afecta a todos los españoles, a los actuales y a los que vendrán. Nos jugamos nada menos que el derecho a decir la verdad y no ser castigados por ello. Porque aunque la mayoría de los españoles aún no lo sepan, corremos el peligro de que pronto tengamos que mentir por ley y obligación y bajo amenaza de graves represalias. Porque los socialistas españoles, que contarán para ello con los comunistas españoles de Podemos y todas las fuerzas antiespañolas del Parlamento, han preparado una reforma de la Ley de Memoria Histórica que no da solo una vuelta de tuerca a la ya injusta, sectaria y falsaria Ley de 2007, piedra angular de la política revanchista de Zapatero para dinamitar el pacto de transición y la reconciliación nacional.
Es mucho más grave que eso. Porque implica al Código Penal en una ofensiva legal que, de ser aprobada, permitiría falsear por completo la historia de España del siglo XX. Imponiendo como incuestionable historia oficial la versión comunista de República, Guerra Civil, Franquismo y Transición. Bajo la amenaza de encarcelar o inhabilitar a todo aquel que se resistiera. Dirán algunos que es alarmismo, que algo así jamás se podría aprobar por ser abiertamente anticonstitucional. Recuerden que la ley de violencia de género era y es abiertamente anticonstitucional. Porque invierte la carga de la prueba y porque rompe la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Pues lleva una década aplicándose con tanta brutalidad y abuso contra los hombres como falta de eficacia en la protección de las mujeres. Aun así, ya nadie la cuestiona. Aunque sea un insulto a la inteligencia y a la Justicia. Nadie ha hecho nada contra ningún ley ideológica de Zapatero. Hoy ya no está en manos de quien lo prometio.
La izquierda intentará que este texto, adornado con unas cuantas enmiendas, sea aprobado. Con mecanismos intactos para intimidar y reprimir toda crítica a los postulados ideológicos del Frente Popular. Liquidaría los últimos vestigios de potestad sobre unos hijos condenados al adoctrinamiento en la mentira. Quien intentara educarlos en la verdad estaría cometiendo un delito. Cierto que los colegios españoles, incluso en regiones sin educación abiertamente antiespañola, sirven ya hoy un pienso ideológico nauseabundo y mendaz. Se han impuesto fábulas, fraudes y mitos porque nadie tuvo el coraje en cuarenta años de levantar la voz contra la mentira. No fueran a llamarle franquista o «facha». Pero para poder reconstruir una educación libre, eficaz y de calidad se necesita una sociedad abierta con libertad para investigar, debatir, crear y estudiar sin trabas ideológicas. Lo quieren impedir. La nueva ley condena a los españoles a transmitir mentiras y negar verdades porque de lo contrario pueden ser encarcelados, expropiados e inhabilitados. También les podrían requisar y destruir material impreso y en otros soportes privados y públicos con versiones que contradigan a la oficial. Permitiría hacer desaparecer bibliotecas y archivos enteros. Quieren cambiar el pasado por ley. Para secuestrar presente y futuro. Bajo la amenaza de cárcel y persecución. Todo suena a la ley de Defensa de la República de 1931 y sus abusos. Pero habrá que callar, claro. De aquella ley no se podrá hablar. Firmen el manifiesto, todavía se puede evitar.