· El 23 de noviembre de 2010 las asociaciones de víctimas suscribieron un documento en el que pusieron las bases de un modelo de fin de ETA sin impunidad. Como dijeron entonces, está en juego la fijación o no de los principios de la Verdad, la Memoria, la Justicia y la Dignidad de las víctimas de ETA, tanto de los asesinados, como de los heridos y los familiares de todos ellos, también de los extorsionados, secuestrados y amenazados por la violencia de persecución. Y del conjunto de la sociedad en cuanto que toda ella se ha visto afectada por el fanatismo identitario de ETA.

Nuestra sociedad no debería olvidar que en un Estado de Derecho el derecho a la justicia real no es negociable, ni relativo. El fin de ETA debe ser manejado desde los principios que inspiran el Estado de Derecho. Hoy, el anuncio por parte de la banda terrorista ETA de una entrega de armas mediática y propagandística — con una inequívoca connotación de autoblanqueo— requiere de una respuesta clara y determinada. Por un modelo de fin de ETA sin impunidad. Con ley y justicia.

No al proyecto político de ETA

Los fanáticos de la identidad nacionalista han buscado a lo largo de varias décadas destruir la pluralidad de la sociedad vasca y navarra para el cumplimiento de su delirio. Se han valido para ello de poderosos mecanismos de control comunitario, desde el amedrentamiento a la propaganda en sus múltiples formas.

Por ello, el futuro de la sociedad vasca y navarra no puede escribirse en la estela del miedo y la autocensura generados por ETA, aunque su acción terrorista haya dejado de amenazarnos. Si así ocurre, no habrá verdad en la memoria, ni dignidad, ni justicia para sus víctimas; porque las víctimas fueron asesinadas, heridas, secuestradas, extorsionadas, vejadas o amenazadas con el objetivo de conseguir la instauración del proyecto político de ETA y anular otras ideologías.

Sí a la justicia, no a la impunidad

En un modelo de fin de ETA que llegue a tolerar diversos grados de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertirá en un cruel sarcasmo, por mucho que lleguen a instalarse en los medios fórmulas retóricas eufemísticas tendentes a enmascararlo. Existe en una parte de la opinión pública española la tentación de pedir “generosidad” a las víctimas del terrorismo, obviando que ello implica la renuncia a legítimas reclamaciones, entre ellas la reivindicación de justicia, que es a su vez un componente de la reparación. Esta demanda es un chantaje moral, que es un tipo de microviolencia tremendamente dañino.

Sí a la verdad, no a la falsificación de la historia

Lo primero que se debe exigir a la organización terrorista, y a su trama política, es la condena de la historia de terror de ETA, de toda su historia, para garantizar que no nos encontramos con una de sus habituales jugadas puramente tácticas. De no hacerse así, uno de sus objetivos clave para el futuro será seguir utilizando su depurada capacidad propagandística para establecer que esa historia del terror ha sido una historia legítima, un sacrificio heroico por la patria; lo que añade a la impostura y la tergiversación de la verdad el escarnio a tantas familias rotas como consecuencia del empeño de llevar a cabo su proyecto totalitario. Si los responsables del daño causado no asumen su responsabilidad y no repudian la historia del terror contribuirán a relativizar nuestra memoria y verdad, como si esta fuera una versión más a añadir a un muestrario de relatos equivalentes.

Es preciso evitar el establecimiento de un nuevo gran tabú comunitario: el de la repugnancia a escuchar la verdad del horror y sus ramificaciones en forma de violencia de persecución, extorsión o la experiencia traumática de los miles de niños que crecieron con un silencio obligado por la amenaza de muerte de sus padres.

La política penitenciaria no debe convertirse en una política de gracia

Una política penitenciaria que llegue a basarse en la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados, enmascarándolo en una aplicación laxa de la progresión de grados u otras medidas similares, supondría una forma de impunidad. Firmar interesadamente, a cambio de una recompensa, una petición de perdón, reconocer el daño personal causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se efectuará, es un fraude. Es precisa la colaboración con las autoridades en el esclarecimiento de cientos de crímenes sin resolver, tal y como indica la ley. El requisito de la colaboración es el único que beneficia a las víctimas y que prueba el arrepentimiento real de los criminales. La reinserción es un objetivo deseable pero conlleva un arrepentimiento cabal respecto al pasado criminal, el único medio capaz de romper la identidad entre el asesinato (el acto) y el victimario (la persona).

Por un final de ETA basado en la dignidad

Los ciudadanos y los gobiernos no han de perder la brújula moral ni política, ni sobre ETA, ni sobre el Estado de Derecho. Un final de ETA que se sostenga sobre la dignidad de sus víctimas es la deuda contraída por el Estado de Derecho y que el Gobierno debe defender. Cuando se ha aplicado el Estado de Derecho, sin trampas ni atajos, es cuando se ha conseguido el mayor debilitamiento de ETA, culpable de la mayor conculcación de derechos humanos habida en la historia reciente de España. Un final basado en la dignidad de los acosados y asesinados es aquel que se construye sobre la verdad, la memoria, la justicia y la reparación. La deslegitimación del lenguaje de ETA es, simultáneamente, una condición inexcusable para afrontar otra cuestión pendiente: El miedo y el desistimiento de una parte de la sociedad durante los años del terror.

PROMOTORES

Fernando Savater
Joseba Arregi
Maite Pagazaurtundua
Teo Uriarte
Consuelo Ordóñez
Luis Castells

 

Para adherirse al manifiesto escribir a: balmaseda.javier@icloud.com