Ignacio Varela-El Confidencial

Sánchez se dispone a prolongar el estado de alarma hasta el 30 de junio sin tener que pasar tres veces más la tortura quincenal de pedir permiso a un Congreso cada vez más renuente

Tiene razón Ignacio Camacho cuando dice que el Gobierno ha convertido la famosa “desescalada por fases” en una rifa trucada. Para este presidente, cualquier situación es propicia para hacer de la política una subasta ‘fake’, en la que él siempre puja más que nadie porque su temeridad es también mayor que la de ningún otro. Especular con la prudencia ajena es un rasgo definitorio del sanchismo desde su origen, allá por 2014.

La semana pasada, el Gobierno puso al Parlamento ante una situación límite. O se votaba lo que él quería o se ponían en peligro las vidas y haciendas de millones de españoles. Se salvó el punto de partido gracias a un reflejo templado de tres partidos del centro derecha: el PP, que eludió la tentación de votar no; Ciudadanos, que mantuvo su voto positivo (aunque condicionado), y el PNV, avezado pescador en río revuelto, siempre atento a un posible botín.

Superado el trago, Sánchez vuelve a creerse capaz de cualquier cosa. Ahora se dispone a dar otro salto mortal con doble tirabuzón. Por una parte, conseguir su propósito de prolongar el estado de alarma —y con él sus poderes excepcionales— hasta el 30 de junio. Por otro, hacerlo de un solo golpe, sin tener que pasar tres veces más la tortura quincenal de pedir permiso a un Congreso cada vez más renuente.

La maniobra consiste en autorizar al Gobierno a prorrogar el estado de alarma hasta la culminación completa de las cuatro fases de la desescalada. Más vale una vez colorado que ciento amarillo: una última votación a cara de perro, y a “disfrutar del estado de alarma” (la expresión se le escapó al propio presidente) hasta el verano.

La maniobra consiste en autorizar al Gobierno a prorrogar el estado de alarma hasta la culminación completa de las cuatro fases de la desescalada

El fundamento jurídico de semejante valentonada es tan sospechoso como hacer clandestinos los procesos decisorios de la Administración pública y los imaginarios comités de expertos que resultan ser de funcionarios anónimos. Ahora se tratará de imponer una lectura aviesa de la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Su artículo 6 establece que la declaración del estado de alarma “se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros”, y que su vigencia “no podrá exceder de quince días”. A continuación, prescribe que “solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”.

Cualquier persona de buena fe deduce de ese texto que el plazo de 15 días es imperativo, tanto para el primer decreto como para sus eventuales prórrogas. Pero veremos al Gobierno ampararse en lo del “alcance y las condiciones” para alegar que el límite temporal solo rige para el primer acto y que el alargamiento puede durar tanto como se desee.

Veremos al Gobierno ampararse en lo del “alcance y las condiciones” para alegar que el límite temporal solo rige para el primer acto

El argumento será tan simple como falaz. Puesto que para confinar a las personas se necesita el estado de alarma y el desconfinamiento solo será total cuando se hayan cumplido las cuatro fases, dejémonos de trámites engorrosos y extiendan sus señorías un talón al portador hasta el 30 de junio (que en caso de rebrote, se llevaría hasta el otoño).

Por esa vía, no será formalmente el Ejecutivo sino el Congreso quien retuerza la letra y subvierta el espíritu de la ley. Una probable desautorización posterior por parte del Tribunal Constitucional no iría contra una decisión del Gobierno, sino del Parlamento (y además, cuando llegara ya sería un hecho consumado y consumido por otras urgencias).

Para ello, solo se necesita concitar una mayoría dispuesta a convalidar el desafuero. A tal efecto, se estirará hasta donde sea preciso el nuevo concepto de la ‘cogobernanza‘ para mantener satisfecho al PNV y favorecer la vuelta al redil de ERC. Y si hace falta, se mostrará a Ciudadanos una zanahoria y un palo para que repita su voto responsable de la semana pasada. ¿No reclamó Arrimadas un plan ordenado de salida del estado de alarma? Pues aquí lo tiene: más ordenado, imposible. Si se consigue también que Casado se encabrone definitivamente y se vaya al monte con Abascal, línea y bingo para el equipo de estrategia.

La jugada empezó a ser visible cuando en una de sus prédicas el presidente deslizó ‘en passant’ la idea de que las prórrogas quincenales son una cortesía del Gobierno, discrecionales pero no necesarias. Ahora se ve que aquello no fue un lapsus. Siempre hay que prestar atención a lo que se escribe en un ‘teleprompter’.

Cabe preguntarse por qué ese empecinamiento en el 30 de junio. ¿Qué tiene de especial esa fecha? Quizás encontremos la respuesta en otro texto legal, en este caso el Reglamento del Congreso de los Diputados, cuyo artículo 61 establece que: “El Congreso se reunirá anualmente en dos periodos de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Fuera de dichos periodos, la Cámara solo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso”.

A Sánchez e Iglesias les basta activar la mayoría de la investidura para que el Parlamento cierre sus puertas el 30-J y las señorías se vayan de veraneo

Es decir: que a la dupla Sánchez-Iglesias le basta activar la mayoría de la investidura para que el Parlamento cierre sus puertas el 30 de junio y las señorías se vayan de veraneo, o a hacer campaña electoral en Galicia y en el País Vasco.

Cerrar el Parlamento por vacaciones con la crisis sanitaria y la económica en todo lo alto sería un despropósito político y un mensaje nefasto a la nación. Pero tiene sentido si se repara en que durante el mes de julio caerán dos bombas sobre la sociedad española: la EPA del segundo trimestre y el seguro descalabro del PIB durante ese mismo periodo. Ambos datos reflejarán brutalmente el impacto del confinamiento en la economía y el empleo, y nos transportarán sin pausa de la psicosis de la Gran Reclusión a la de la Gran Depresión.

En julio caerán dos bombas sobre la sociedad española: la EPA del segundo trimestre y el seguro descalabro del PIB durante ese mismo periodo

Si tal cosa sucede con el Parlamento abierto, la escandalera en la Cámara está asegurada. El Gobierno se vería obligado a dar ‘explicaderas’, los socios empezarían a vacilar, el ruido de las cacerolas se haría ensordecedor… Y todo ello con dos campañas electorales en marcha.

El 30-J es el nuevo fetiche del oficialismo, la meta volante que hay que alcanzar como sea. Todo se hace confluir ahí: estado de alarma hasta el 30-J y ni un día menos. Comisión parlamentaria para la reconstrucción, hasta ese día y ni uno más. Duración pactada de los ERTE, hasta el 30 de junio. Ese día es martes y toca Consejo de Ministros. Mensaje presidencial, aprobado general para los estudiantes y un pudoroso telón mientras el país arde en llamas. Se les nota todo.